Bonistas demandan al Gobierno por ley de moratoria

La demanda coincidió con la divulgación de las propuestas que han estado acabo el Gobierno con parte de los acreedores de la deuda pública del país.

Por Víktor Rodríguez @viktor_rodz

Un grupo de firmas de bonistas de la deuda pública de Puerto Rico demandaron hoy al Gobierno en busca de que se invalide la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera que le otorga facultades al gobernador, Alejandro García Padilla, a pausar los pagos a los servicios de deuda de las agencias públicas de la isla.

La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y es encabezada por la firma Jacana Holdings I LLC.  

De acuerdo con expresiones de Mark Stancil, abogado de los demandantes, el recurso se ampara en que el gobernador García Padilla “ha violado intencionalmente” la garantía constitucional que  protege los bonos de obligación general (GO, por sus siglas en inglés), y “ha burlado” las protecciones contractuales federales. En el caso de los GO, la Constitución de Puerto Rico establece que el pago de estos bonos será la prioridad dentro de los compromisos económicos del Gobierno.

Se proyecta que para el año fiscal 2016-2017, el Gobierno debe cumplir con aproximadamente $1,599 de deuda constitucional. De hecho, tan pronto como el 1ro de julio, el país debe emitir un pago de $1,919 millones de los que alrededor de $700 corresponden a bonos de obligación general.

Los demandantes también entienden que la Ley de Moratoria es inconstitucional, debido a que prioriza “los intereses del Estado y de algunos de sus acreedores a expensas de los demandantes y otros tenedores de la deuda constitucional”.

Esta demanda se une a otro recurso presentado la semana pasada por la National Public Finance Guarantee Corp., que también demandó al Gobierno por las misma ley.

Ante la divulgación del recurso, la secretaria de la Gobernacion, Grace Santana, expresó en declaraciones escritas que “la decisión de estos fondos de cobertura de optar por litigar, en lugar de continuar negociaciones de buena fe, demuestra su continua negativa a reconocer la realidad de la crisis fiscal del Estado Libre Asociado”.

“Puerto Rico no puede pagarles. Este intento por parte de un grupo de fondos buitres de pretender interrumpir la capacidad del Estado Libre Asociado de poder mantener sus operaciones y proporcionar servicios esenciales para los 3.5 millones residentes en Puerto Rico deja claro que el Senado de los Estados Unidos debe actuar en cuanto a PROMESA antes del 1 de julio”, sostuvo Santana.

La Ley de Moratoria fue aprobada a principios de abril y esta dio paso a que se pudiera en estado de emergencia al Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Con esta acción, se pudo en moratoria un pago de $422 millones que el BGF debía hacer el 1ro de mayo. En ese entonces, solo se pagaron $22 millones de este pago atribuibles a intereses.

La demanda coincidió con la divulgación de las propuestas que han estado llevando a acabo el Gobierno con parte de los acreedores de la deuda pública del país.

La información se dio a conocer hoy luego de que ayer se vencieran los acuerdos de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) que habían mantenido en secreto los procesos de negociación entre el Gobierno y sus acreedores.

Por medio de un parte de prensa, el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), informaron que las conversaciones con los bonistas se ha mantenido en la presentación de propuestas y contrapropuestas por ambas partes. Según se indicó, ambas lados presentaron sus propuestas entre el 14 y el 20 de junio. Asimismo, se informó que estas negociaciones se llevan a cabo con grupos de bonistas organizados (Ad Hoc) que son dueños de bonos de obligación general (GO, por sus siglas en inglés) y de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

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