Melba: Quiebra criolla dio resultados

Por Sarah Vázquez @SarahFVazquez

A pesar de que la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, expresó estar en desacuerdo con la decisión del Tribunal Supremo Federal que  declaró inconstitucional la denominada Quiebra Criolla, admitió que el alcance del estatuto no se atempera a la actual situación fiscal de la isla. 

“La situación en aquel momento era PREPA (Autoridad de Energía Eléctrica) que tenía un vencimiento de unas líneas para comprar combustible, se habían vencido y los bancos no querían extenderla. Así que tenía que hacer un pago de $700 millones, esa fue mayormente la razón fundamental de radicar esta legislación”, detalló Acosta, sobre la ley que nació en verano de 2014.

Un año más tarde, según Acosta, la visión de las finanzas cambió porque “nos dimos cuenta que había unos déficits mayores en el Gobierno”.  Por lo que, aunque la legislación hubiera recibido el aval del Supremo Federal, no representaba una herramienta tan abarcadora como el proyecto HR5278 que se discute en el Congreso.

“PROMESA permite eso, que no permitía ni el capítulo 9 ni la ley 71 y es que el Gobierno pueda tener el mecanismo para reestructurar la totalidad de sus deudas. No solo la de las corporaciones públicas y municipios como es Chapter 9, más bien las de el ELA (Estado Libre Asociado) como tal”, recalcó la jefa del BFG.

No obstante, Acosta apuntó que la creación de Ley 71 dio paso a las conversaciones con los bonistas de PREPA.

“Cuando  se radica la ley, acto seguido comenzamos a hablar con los bonistas, se firmó el primer acuerdo que se extendió varias veces y PREPA logró un acuerdo con los bonistas que aún se está concretizando.  Que si bien es cierto que la ley nunca se usó porque nadie se acogió a ella, si en efecto que ayudó a PREPA a lograr lo que ha logrado”, aseguró.

Cuando se le preguntó cuánto costó la redacción de la ley y los litigios para mantenerla con vida, Acosta dijo que no tenía el dato disponible del costo del mismo, pero según datos de la página oficial del Contralor detalla que la firma Kirkland and Ellis, LLP encargada de la defensa del ELA, tiene contratos que sobrepasan los $4.5 millones. sarah vázquez pérez

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