Pago de deuda provocaría miles de despidos

Presupuesto. Garantizarían pago de intereses de deuda pública cobijada por la Constitución.

Por David Cordero y Sarah Vázquez

Con la comparecencia del equipo económico del gobernador Alejandro García Padilla arrancaron ayer las vistas públicas del presupuesto ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.
Allí el líder cameral, Jaime Perelló, no titubeó cuando en público lanzó fuertes críticas contra la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (GBF), Melba Acosta, ante el monumental atraso del informe de estado financiero auditado del año 2014, documento que también ha sido solicitado en repetidas ocasiones por miembros del Congreso de Estados Unidos.

“Ya ha pasado mucho más tiempo del que pidieron y no han explicado nada al pueblo de Puerto Rico, y eso crea problemas de credibilidad aquí y en Estados Unidos”, sostuvo Perelló, quien, además, se mostró indignado ante la realidad de que el BGF solamente cuenta con $200 millones en caja. 

Ante tal denuncia, Acosta explicó que la mayoría de la liquidez de la institución financiera ha tenido que ser utilizada para emitir pagos de la deuda del propio banco.

“Si uno se pregunta a dónde ha ido la liquidez del BGF, vemos que la gran mayoría de la liquidez fue básicamente a repagar deuda. La liquidez neta a septiembre de 2014 era de $1.4 billones. La liquidez neta que teníamos al 29 de febrero era alrededor de $596 millones”, indicó la titular del BGF.

El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz Batista, aseguró, por su parte, que Puerto Rico no puede pagar por completo su deuda y proveer de servicios esenciales al mismo tiempo, por lo que advirtió que se tendría que despedir a casi 3,500 empleados públicos si se exigiera a la isla cumplir con el pago de todo su endeudamiento.

El presupuesto para el año fiscal 2016-2017 rondaría en los $9,100 millones, aunque el gobernador de Puerto Rico solo recomienda unos $209 millones en la asignación presupuestaria dirigidos al pago de los intereses de la deuda. Perelló anticipó que, aun pagando solo los intereses, el monto se queda corto y dijo que dicha asignación deberá alcanzar al menos los $300 millones. El nuevo presupuesto debería estar listo para entrar en vigor el próximo 1.o de julio, el mismo día que vence un pago de $1,900 millones de la deuda pública, de los cuales $700 millones son bonos de obligación general protegidos por la Constitución de la isla.

El presidente de la Cámara enfatizó en la necesidad de cumplir al menos con el pago de los intereses, como una posible estrategia de persuasión ante los bonistas y las demandas que podrían surgir a partir de julio. De modo que se pueda demostrar que el Gobierno está haciendo todo a su alcance para emitir dichos pagos.

“Al menos  tenemos que garantizar que ese pago esté y que se cumpla con la Constitución, y aumentar nuestra credibilidad, porque en algún momento dado tenemos que volver nuevamente al mercado de bonos para echar pa’lante la economía”, puntualizó Perelló, quien, además, dijo que había que cumplir con la deuda local de pago a los suplidores del Gobierno.
 

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