Reiteran golpe político y económico con PROMESA

Según el CNE, el proyecto HR 5278 que aprobó hoy la Comisión federal de Recursos Naturales, impone una junta de control que no respeta a la instituciones y procesos políticos de la isla

Por Víktor Rodríguez @viktor_rodz

La imposición de una junta federal de control fiscal en Puerto Rico, tal como la propone el proyecto HR 5278 que aprobó hoy la Comisión federal de Recursos y Naturales, tendría un alto costo político y económico para la isla. Así lo reiteró hoy el Centro para una Nueva Economía (CNE), entidad que no endosa esta medida que ahora pasará a la discusión del pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

En palabras Sergio Marxuach, director de política pública del CNE, la oferta que propone el Congreso federal “no es aceptable y no se puede endosar por que no es justa”,“Sabemos que los costos políticos de esto [el HR 5278] son bien fuertes y cualquier beneficio que recibamos de poder reestructurar la deuda son contingentes.  Entendemos que el balance entre los costos y beneficios para Puerto Rico no favorecen al país. No es un balance justo”, dijo.

Con él coincidió el presidente del CNE, Mike Soto, quien expresó que con esta propuesta Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica (PROMESA, por sus siglas en inglés), no se resuelven los problemas financieros de la isla.

“Imponer una junta extranjera a Puerto Rico no va resolver los problemas de las instituciones, puede entorpecerlos más, porque, cuando la junta termine su trabajo, nos va a dejar las mismas instituciones podridas que tuvimos antes, y mucho peor porque durante el tiempo de la junta, estas instituciones no harán nada”, sostuvo Soto.

El CNE llegó a estas conclusiones luego de un extenso análisis del proyecto de ley. Durante esta observación, el organismo identificó cinco principios que Puerto Rico no debe poner en negociación con el Congreso si quiere proteger su poder de determinación política y económica.

La entidad concluyó que el proyecto solo respeta uno de estos principios, cumple parcialmente con otro y no respeta tres de los principios básicos de política pública que debe proteger el Gobierno local.

Por ejemplo, Marxuach explicó que la junta federal de control fiscal propuesta no respeta las instituciones y procesos políticos de Puerto Rico, toda vez concede “poderes que exceden los necesarios para ejecutar una función de monitoreo y supervisión”.

“La junta será una entidad del Gobierno de Puerto Rico pagada con fondos públicos locales, pero no estará sujeta al control o supervisión de funcionarios locales. Esto viola todos los principios de como crear los departamentos y agencias en Puerto Rico debido a que no sería un ente federal. Como es un ente de Puerto Rico, lo tendría que pagar Puerto Rico”, explicó el economista. Apuntó que si bien los siete miembros de la junta propuestos devengarán un sueldo, el país sí tendrá que invertir millones en pagar el director ejecutivo de este ente y su equipo, más la asesoría externa que requieran.

Un segundo aspecto del proyecto que trastocaría a Puerto Rico es que se le da a la Junta poderes supremos de determinar impuestos, cuánto sería el gasto públicos y cuánto dinero se destinaría a proyectos de infraestructura y desarrollo económico.

A juicio de Marxuach, este tipo de decisiones debe recaer en los oficiales que “democráticamente fueron electos en Puerto Rico”.“La junta practicante toma control de las instituciones fiscales de Puerto Rico.

Queda facultada para desarrollar el presupuesto del Gobierno e imponer reducciones de gastos aún en detrimento de la prestación de algunos servicios público”, señaló. Para cumplir con esto, la junta exigirá la preparación e un plan fiscal a cinco años que se evaluará anualmente. El problema con este plan, según el economista, es que toda ley, movimiento económico o ajustes contractuales en las negociaciones con acreedores de la deuda deben respetar este plan.

En este aparatado, Marxuach también levantó bandera a que la junta, en su rol de “asesor”  podría recomendar al Gobierno la privatización de servicios. En ese caso, no se descarta que intereses privados a fines a estas prácticas económicas cabildeen ante la junta para que se hagan estas recomendaciones a beneficios de ciertos sectores.

El tercer aspecto que tampoco convence al CNE son las herramientas propuestas en PROMESA para reestructurar la deuda del país que asciende a los $70 mil millones.

“[PROMESA] presenta un progreso sobre el proyecto anterior (el HR 4900). Sin embargo, los procesos de reestructuración todavía son demasiado compplicados y no proveeen un camino viable que desemboque en alivio de la deuda”, dijo MarxuachApuntó, por ejemplo, que la medida contempla un periodo muy corto de aplazamiento para los litigios (hasta el 15 de febrero de 2017), y crea una segunda capa de requisitos al nivel de la Junta federal de Control fiscal para que se pueda acceder a un proceso de reestructuración supervisado por la corte federal.

En contraste, el CNE sí vio con buenos ojos que la medida proponga que no se excluya de los procesos de reestructuración ningún tipo de deuda. “El proyecto incluye los bonos de obligación general (GO, por sus siglas en inglés) y los de COFINA en la reestructuración, pero respeta la jerarquía de sus reclamos”, destacó.

Finalmente, Marxuach vio un cumplimiento parcial en la propuesta de crear y un task force congresional que vele el crecimiento económico de la isla.

Sin embargo, señaló preocupación en que no se asigna fondos para este task force, por lo que estimó que tendrá una vida muy corta, y que no se incluyan a entidades no gubernamentales o de la sociedad civil en este grupo.

A pesar de estos dos puntos, reiteró que el  CNE  no avala la nueva versión de PROMESA, pues deja al descubierto un mal manejo de la Cláusula territorial por parte del Congreso hacia Puerto Rico.

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