Difícil que P.R. venza en demanda de bonistas

A fondo. Si Puerto Rico no logra demostrar la constitucionalidad de la ley de moratoria, expertos advierten de posibles embargos a cuentas del Gobierno.

Por Víktor Rodríguez @viktor_rodz

Las probabilidades de que Puerto Rico convenza a un tribunal federal sobre la constitucionalidad de la ley de moratoria son pocas, según lo sentenció ayer el abogado y analista político John Mudd.

Las expresiones del licenciado responden a una demanda que entablaran las firmas de inversión Brigade Capital, Tasman, Claren Road, Fir Tree Partners, Fore Capital y Sola Ltd contra el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, en reclamo a la inconstitucionalidad de esta ley, que suspende momentáneamente los pagos al servicio de la deuda de diversas entidades gubernamentales.

“En general, a Puerto Rico se le va a hacer bien difícil y creo que lo saben. La ley de moratoria se hizo tal vez para darle tiempo al tiempo a ver si viene PROMESA o su equivalente. PROMESA no la van a aprobar hasta después de julio, pero el tribunal se puede tardar cuatro, cinco o seis meses en decidir esto. En lo que el hacha va y viene, ellos tienen un protección mínima”, indicó Mudd, respecto al Proyecto H. R. 5278, que se impulsa en la Comisión de Recursos Naturales federal y que pretende, entre otras cosas, imponer una junta de control fiscal en la isla.

Las firmas de inversión demandantes se recogen bajo el Grupo Ad Hoc-BGF, un colectivo que en conjunto posee sobre $750 millones de los $3.4 millones de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). A este grupo le pertenecían alrededor de $120 millones del pago de $422 millones que no hiciera el BGF el 2 de mayo. Una petición de Metro a una reacción de la presidenta del BGF, Melba Acosta, no prosperó.

Si bien el Grupo Ad Hoc-BGF continuó un proceso de negociación con el Gobierno luego del impago de principios de mes, decidieron demandar luego de que el gobernador Alejandro García Padilla permitiera enmiendas a la ley de moratoria con las que se dieron mayores protecciones a las cooperativas dentro del estatuto.

“Más allá de todos los issues, es que les cambiaron a mitad de camino las reglas a los bonistas, y eso es lo que los tienen bien molestos”, señaló el abogado.

Mudd fue categórico al aducir que el problema se agrava debido a que, si un tribunal federal dictamina inconstitucional la ley de moratoria, y no existe herramienta alguna desde el Congreso que permita reestructurar la deuda, el país se verá en la obligación de cumplir con los pagos. De hecho, el 1.0 de julio, el Gobierno debe emitir un pago de sobre $1,900 millones de la deuda de diversas entidades, de los que $700 millones responden a bonos de obligación general (GO, por sus siglas en inglés).

Aunque el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, advirtió la semana pasada que el país no podrá hacer ese pago —más allá de aproximadamente $400 millones que se usarían para pagos de intereses—, el Gobierno no ha dilucidado si se aplicará la moratoria en ese caso.

De cualquier manera, si un tribunal exige al país que cumpla con su deuda, el problema es que no habría dinero para hacer estos pagos. Así lo apuntó el economista Alfredo González, quien señaló que “un ejercicio de esta naturaleza, aunque tuviera éxito en una determinación de un tribunal, es sencillamente tener un laudo en beneficio de los que están demandando”.

“No hay fondos con los que respaldar el beneficio a los acreedores. Es decir, ganas la demanda, pero al fin y al cabo de dónde vas a cobrar si no hay fondos. Llega a esta situación lamentable de que en algún momento surgirán grupos de la comunidad que demandarán al Gobierno porque no está extendiendo los servicios esenciales”, advirtió el experto.

Debido a esto, Mudd no vaciló en opinar que el problema se agravará toda vez la medida que seguirá a estos incumplimientos será el embargo de las cuentas del Gobierno.  

“En realidad, la pregunta grande es qué pasará si PROMESA no pasa. Eventualmente, Puerto Rico tendrá que pagar. Si no tienes una ley federal que te provea de algún alivio, no hay nada que te salve. Al momento de tener una sentencia en la que no puedes dejar de pagar, puede haber hasta una orden de embargos de bienes de Puerto Rico. Eso es a lo que se arriesga Puerto Rico”, señaló el letrado.

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