“Por ahora” garantizan la nómina pública de la isla

Moratoria. Según el gobernador, el dinero de los empleados públicos se vería afectado si un juez embarga las cuentas del Gobierno, debido al impago que ayer tuvo la deuda del BGF.

Por Víktor Rodríguez @viktor_rodz

Aunque no lo escribió en piedra, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, aseguró ayer que la nómina de los empleados públicos del país no se verá afectada por el impago de $422 millones que tuvo el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) al servicio de su deuda, cuyo vencimiento se cumplió ayer.

Sin embargo, el mandatario sí aclaró que estos pagos a los trabajadores gubernamentales se podrían ver afectados si un juez —local o federal— emite una moción de embargo a las cuentas del Gobierno, como resultado de algún litigio legal que se inicie por el incumplimiento del BGF.

“Hasta ahora, la nómina no se afecta… hasta ahora. Si el Congreso no actúa, el único camino que tenemos es una renegociación voluntaria, y ese proceso va a ser mucho más escalpado. ¿Qué puede afectar la nómina? Un embargo a las cuentas”, dijo García Padilla, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza en la que explicó los lineamientos de la aplicación de la ley de moratoria (Ley 21) al pago que debía hacer el BGF.

Hasta ayer, no se habían reportado ningún trámite legal por parte de los acreedores del banco en respuesta al impago. No obstante, García Padilla indicó que el Departamento de Justicia ya se encuentra evaluando las medidas a seguir para responder a posibles litigios.

“El Departamento de Justicia está preparado. Esto es algo que se ve venir. El país, calma. Vamos a salir adelante. Es cuestión de tiempo. Si tenemos la legislación federal, saldremos más rápido; si no, demorará más”, precisó. Según se detalló, la moratoria solo se aplicará sobre $247 millones del pago de $422 millones vencido. El resto, $22 millones en intereses, fue pagado ayer a todos los bonistas del BGF; $33 millones fueron renegociados el pasado viernes con las cooperativas del país para ser pagaderos en mayo de 2017, y $120 millones se encuentran en proceso de renegociación con la entidad.

Las previsiones en Justicia también responden a una posible aplicación de la moratoria al pago que vence el próximo 1.o de julio por $1.9 millones, de los que $700 millones corresponden a obligaciones generales, cuyo pago está garantizado por la Constitución.

“No se anticipa que tengamos el dinero [de julio]. Invitamos a los acreedores a que negocien de buena fe”, sostuvo el gobernador.

Entretanto, García Padilla se refirió en varias ocasiones a la urgencia de que el Congreso de Estados Unidos legisle alguna herramienta que permita al país reestructurar su deuda a fin de evitar caer en pleitos legales, poner en jaque los servicios esenciales y la nómina pública.

“Nos insultan las expresiones de algunos congresistas que dicen que Puerto Rico se metió solo en la crisis y que salgan de ella con austeridad, cuando ellos nos quitaron la 936 y nos sacaron del capítulo 9 de Quiebra federal. Los congresistas que dicen eso deberían ser más leídos”, adujo.

El reclamo de García Padilla fue respaldado ayer por el secretario del Tesoro federal, Jacob Lew, quien advirtió que Puerto Rico podría necesitar un rescate federal. Si el Congreso no aprueba un proyecto de ley que ayude a reestructurar la deuda del país, que sobrepasa los $70 mil millones.  Las expresiones de Lew fueron recogidas en una carta dirigida al presidente de la Cámara de Representantes federal, Pual Ryan, en la que se advirtió sobre los efectos que tendría la isla de no contar con una herramienta que le ayude a corregir sus finanzas. “A menos que el Congreso apruebe una legislación que incluya herramientas de reestructuración y de supervisión adecuadas, un rescate financiado por los contribuyentes puede convertirse en el único curso legislativo disponibles para hacer frente a una escalada de la crisis”, expresó Lew.  A estas posturas se unió el senador federal demócrata Bob Menéndez, al reclamar a los republicanos a aprobar un proyecto de ley presentado por los demócratas, que plantea una solución rápida en los litigios con los acreedores hasta que el Congreso tome medidas para que la isla pueda reestructurar su deuda.
 

Loading...
Revisa el siguiente artículo