AGP truena contra Yulín y Aponte por sumarse a demanda fondos buitres

Los mandatarios municipales se unieron a un recurso legal presentado por un grupo de bonistas de la institución el pasado 4 de abril de 2016

Por Víktor Rodríguez @viktor_rodz

Como si no hubiera mucho que resolver en el Gobierno, hoy se dio a conocer una trifulca entre el gobernador, Alejandro García Padilla, quien tronó contra los alcaldes de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y Carolina, José Aponte, por estos haberse unido a una demanda que un grupo de bonistas presentó contra el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

En una carta dirigida a los mandatarios municipales, y con fecha del 15 de abril, García Padilla les expresa su inconformidad por haberse unido al litigio presentado por Brigade Leveraged Capital Structures Fund, Brigade Distressed Value Master Fund, Tasman Fund LP, Claren Road Credit Master Fund, Claren Road Credit Opportunities Master Fund, LTD., Fore Multi Strategy Master Fund, Sola LTD, Ultra Master LTD y Solus Opportunities Fund 5, el pasado 4 de abril. Estos fondos de cobetura, son dueños de aprximadamente $3.75 millones de la deuda del BGF.

“Les confieso que hubiese preferido que se unieran al esfuerzo del Estados Libre Asociado en defensa de la gente. Con sorpresa, veo que la decisión que tomaron fue defender el interés individual de las cuentas de sus municipios en lugar del interés colectivo de las cuentas de nuestro país”, advierte el mandatario en su divisa.

En la demanda, los acreedores alertaron sobre posibles pérdidas catastróficas, un posible fraude contra estos y un potencial daño para Puerto Rico debido a la movida de cuentas del Gobierno ubicadas en el BGF para colocarlas en bancos privados del país. Ante esto, los acreedores sostienen que la única movida que salvaría al BGF sería una reestructuración de la entidad.

Luego de esta demanda, la Asamblea Legislativa dio paso a la Ley de Moratoria, que fue firmada por el gobernador el 6 de abril. Esta ley proveyó al gobernador de facultades para poner en estado de emergencia al BGF por medio e una orden ejecutiva. Esto provocó que el entidad limitará los desembolsos del banco a $10 millones semanales. Además, se puso en pausa la entrega de  aproximadamente $300 millones en préstamos a municipios que se destinarían para proyectos de infraestructura.

En respuesta a esta acción, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, informó la pasada semana que la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales de Puerto Rico (CRIM) determinó que no se depositarían fondos de los municipios en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) hasta que el Ejecutivo no aclare el alcance de la ley de moratoria. Con la medida se dejarían de depositar alrededor de $30 a $40 millones al BGF.

Sobre los depósitos municipales, García Padilla expresó a los alcaldes que “el acceso a los depósitos de sus municipios estará garantizado para proveer servicios esenciales”.

“Esta crisis llegará a su fin más temprano que tarde. Hasta que eso suceda, la lealtad mía y de mi administración seguirá del lado de la gente, incluyendo aquellos que viven en San Juan y en Carolina, sin olvidar que para que exitista San Juan y Carolina tienen que existir Puerto Rico”, concluyó García Padilla en la carta enviada a los alcaldes.

Ante esta acción, el alcalde de Carolina también circuló una carta en respuesta. En esta misiva, el funcionario se mostró sorprendido por las palabras de García Padilla, al tiempo que le sacó en cara las aportaciones que hace el municipio al gobierno central.

“Como servidor público he cumplido al detalle con todas las responsabilidades económicas y aportaciones al Gobierno central; pues reconozco la importancia de ofrecer a todos los ciudadanos el derecho a vivir seguros”, expresó Aponte en la carta que tiene fecha del 19 de abril de 2016.

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