Moody’s alerta sobre posible impago del BGF

Bajo lupa. La agencia mantuvo la misma clasificación de su crédito, pero previno un posible incumplimiento del pago de $420 millones del 1.o de mayo.

Por Víktor Rodríguez @viktor_rodz

La agencia acreditadora Moody’s Investors Service no vio con buenos ojos la aprobación de la ley de moratoria en Puerto Rico que dio paso a que el gobernador Alejandro García Padilla pusiera en estado de emergencia al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) por medio de una orden ejecutiva.

Las expresiones de la agencia fueron esbozadas en el informe “Puerto Rico: Debt Moratorium Law Signals Liquidity Crisis, Challenges in Reaching Negotiated Agreements”, en el que la casa acreditadora evalúa los impactos que este nuevo estatuto tendrá sobre el crédito de las agencias y corporaciones del país.

Aunque Moody’s mantuvo la misma clasificación del BGF (Caa3 o de alto riesgo de impago), indicó que esta ley complica aún más la situación del banco que atraviesa por amplios retos de liquidez. Hasta el 1.o de abril, el BGF contaba con cerca de $562 millones en su caja. La observación de la agencia se une a la degradación que anteayer hiciera Standard & Poor’s (S&P) al crédito del BGF al colocarlo en una nota SD, que se refiere a un posible incumplimiento de pago selectivo. 

Al igual que S&P, Moody’s prevé que el BGF no podrá cumplir con su próximo pago del servicio de la deuda pautado para el 1.o de mayo por la cantidad aproximada de $420 millones. No obstante, la agencia no indicó si este impago podría conllevar una futura degradación del crédito del BGF. Ese no fue el caso de S&P, que alertó que un posible incumplimiento de este pago obligaría a la agencia a llevar la clasificación del banco a una nota D o imposible de cobro.

Si bien la ley de moratoria exime al Gobierno de tener que enfrentar pleitos legales con los acreedores del país, Moody’s sostiene, además, que los inversionistas podrían llevar los litigios a foros en Estados Unidos. Asimismo, la agencia criticó la nueva ley de moratoria por tratarse de un estatuto que podría limitar aún más las negociaciones que tiene las diversas entidades públicas de Puerto Rico con sus respectivos acreedores. Entre estas, identificó un posible traspié en las negociaciones de la  Autoridad de Energía Eléctrica, que ya alcanzó un acuerdo con el grupo ad hoc en el que la corporación pública no haría los pagos del principal durante cinco años.

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