“Si me quitas, te quito”, le dicen alcaldes al BGF

Debate. Aunque la Junta de Gobierno del CRIM determinó que no se depositen fondos de los municipios en el banco, otros gremios alertaron que la medida afectaría a pueblos pequeños

Por Víktor Rodríguez @viktor_rodz

Alcaldes rojos y azules se vieron ayer encontrados luego de que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, confirmara que la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales de Puerto Rico (CRIM) determinó que no se depositarían fondos de los municipios en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) hasta que el Ejecutivo no aclare el alcance de la ley de moratoria.

“Tomamos la decisión de no depositar los dineros de los municipios en el BGF hasta tanto no hubiese una reunión con el BGF y se aclarara qué acceso iban a tener los municipios a ese dinero”, dijo la alcaldesa, quien también es tesorera de la Junta de Gobierno del CRIM. Con la medida se dejarían de depositar alrededor de $30 a $40 millones al BGF.

Con ella coincidió Víctor Falcón, director ejecutivo del CRIM, quien detalló que la medida —que fue tomada la semana pasada— también respondió a la situación de estrechez de la liquidez del BGF.

“La semana pasada, la Junta del CRIM determinó no hacer más depósitos al BGF hasta en tanto y en cuanto la situación con el BGF se aclarara. O sea, los fondos que pudieran pasar al BGF para pagar los préstamos que tiene el BGF con los municipios, una vez se cumplió con la cantidad necesaria para cumplir con un pago de junio, se detuvieron  hasta que no se aclare la posición”, dijo Falcón.

Sin embargo, la medida fue vista con suspicacia por el presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, quien dijo que, antes de detener los depósitos, se debe estudiar el impacto que esto tendría sobre los municipios pequeños.

“Aquellas aportaciones que no estén dirigidas a pagar préstamos el CRIM debe evaluarlas a la luz de las circunstancias totales de cómo eso puede afectar a los municipios, porque hay aportaciones que hace el Estado a través del BGF para ayudar en la operación diaria de los municipios pequeños. Si el Banco se queda sin recursos, no podría darles a los municipios la asistencia que ellos necesitan para que sigan operando”, dijo el presidente de la Asociación de Alcaldes, en la que se agrupan 47 mandatarios municipales del Partido Popular Democrático.

El también alcalde de Cayey recordó que, si bien la decisión del CRIM sería avalada de manera individual, se debe tener en cuenta que el CRIM transfiere fondos al BGF que son para pagar préstamos.  “Los fondos de los municipios que provienen del CRIM están dirigidos al pago de préstamos, y esa es una obligación legal. Hay que pagar esos préstamos y para eso se utilizan los recursos del CRIM”, dijo.

La medida del CRIM llega en medio de amplios retos de liquidez en el BGF, cuyo flujo de efectivo hasta el 1.o de abril rondaba en los $562 millones. Metro buscó una reacción del Banco respecto a cómo afectaría esta medida a la institución y los pasos a seguir para prevenir un disloque aún mayor en la entidad. Sin embargo, el BGF solo se limitó a responder de manera escrita que “los municipios casi no tienen depósitos en el BGF”.  Aun así, Falcón indicó que, como medida preventiva, el CRIM creó un fideicomiso del efectivo de los municipios que será depositado en el Banco Popular.

Pagarán con la misma moneda

La reacción de los alcaldes también se dio luego de que el BGF informara que la entrega de sobre $300 millones en préstamos municipales que serían destinados para infraestructura se dilatarían debido a la orden ejecutiva que firmó el gobernador Alejandro García Padilla el pasado sábado y con la que se declaró una emergencia en el banco.

Ante esto, el presidente de la Federación de Alcaldes, Héctor O’Neill, indicó que los ejecutivos municipales afiliados al Partido Nuevo Progresista evalúan detener el envío de remesas correspondientes al Gobierno central como medida cautelar a la limitación que se impuso al BGF.

“Estamos discutiendo las posibilidades de que me quitas y yo te quito. Nosotros aportamos un montón de dinero para la tarjeta de salud, para el retiro, pues esos pagos, si me quitas lo que me corresponde, yo no te voy a pagar las deudas estatutarias e iremos a pulsear a los tribunales”, expresó el también alcalde de Guaynabo.

O’Neill cuestionó la limitación de estos fondos, toda vez el BGF “se supone cuente con un fondo especial para los municipios”.

“Los préstamos  que se hacen a través del CAE (Contribución Adicional Especial) los municipios pagan por adelantado a los bonistas un año de vencerse la deuda. Ese dinero se separa y se deposita en el BGF. Se supone que el banco haya tenido unos fondos especiales para pagar a los contratistas”, dijo el alcalde de Guaynabo.

La Fortaleza no estuvo disponible para reaccionar sobre la pugna.
 

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