Gobierno remata con una nueva propuesta

Sigue el pulseo. Hoy el equipo fiscal del Gobierno presentará a los bonistas una nueva propuesta con la que buscan reestructurar parte de la deuda.

Por Víktor Rodríguez @viktor_rodz

El grupo de trabajo para la recuperación económica y fiscal de Puerto Rico presentó ayer una revisión de la propuesta de intercambio voluntario de bonos que originalmente fue presentada a los acreedores en marzo de este año.

Según explicó Jim Millstein, principal asesor en reestructuración del Gobierno, la medida se dio en respuesta a las diversas contrapropuestas y reacciones que diversos acreedores de la deuda local han hecho en las pasadas semanas.

En concreto, la nueva versión de la propuesta pone sobre la mesa, entre otras cosas, un cambio al bono de crecimiento previamente propuesto por un bono de apreciación de capital, que se debe pagar de manera obligatoria, tal como es el caso de los bonos base (bono que ofrece tasa fija de 2 %). El bono de apreciación de capital permitirá a todos los acreedores recuperar la cantidad principal de sus inversiones independientemente del aumento que estas tengan en el futuro.

Asimismo, la propuesta establece que los intereses por este intercambio se comenzarían a pagar inmediatamente y no en el 2018 como se había establecido originalmente.

De acuerdo con Millstein, otro de los cambios principales que trae la nueva propuesta es que se establece una nueva opción para que los acreedores residentes en la isla participen del intercambio de la deuda actual por un bono base, con fecha de vencimiento de largo plazo.

Dichos titulares, tendrían una opción de recibir hasta $8 mil millones de nuevos bonos de base local, cuyo pago de interés comenzaría en enero de 2017. Este pago de interés sería uno escalonado hasta llegar a una tasa de 5 % anual en el año fiscal 2021.

Millstein explicó que, como resultado de estos ajustes a la propuesta de negociación, se reducirían los $49.3 mil millones de la deuda que está asegurada por los impuestos.

“Dependiendo de cuántos residentes en Puerto Rico elijan la opción local [de intercambio voluntario], la deuda asegurada por los impuestos tendría una reducción de entre $32.6 mil millones y $37.4 mil millones”, explicó Millstein. Según el asesor, con la propuesta original se hubiera reducido alrededor de $26.5 mil millones.

No obstante, según el experto, en un escenario en el que “todos” los acreedores residentes en Puerto Rico acepten la propuesta de intercambio, de los $49.3 mil millones de la deuda que está asegurada por los impuestos, $27.8 mil millones sería pagadera bajo la cláusula de los bonos base y $1.7 mil millones como bonos de apreciación de capital.

De igual manera, Millstein  explicó que la nueva revisión de la propuesta busca reducir la cantidad de los recaudos del país que se utilizan para el pago de la deuda.

Durante este año fiscal, el Gobierno destinó sobre $3 mil millones para el pago de la deuda o un 36 % de sus ingresos. La propuesta de Millstein busca que ese monto se reduzca a $1.85 mil millones o un 15 % de los ingresos anuales.

Cabe destacar que los $1.85 mil millones es una cantidad mayor que la presentada en la propuesta original, que era de $1.7 mil millones. 

“A pesar de que un servicio de la deuda a la proporción de los ingresos en 15 % sigue siendo superior a la proporción del resto de los estados de Estados Unidos, la nueva opción del servicio de la deuda se ha estructurado para darle a Puerto Rico la posibilidad de reducir aún más esta relación, como resultado del crecimiento económico y para convertirse en un crédito más fuerte con el tiempo”, sostuvo el grupo económico, que espera que, junto con la implementación de las medidas recomendadas, se logre mejorar la calidad crediticia de la isla y sus perspectivas de crecimiento económico.

La semana pasada, un grupo de bonistas de $5 mil millones en bonos de obligación general (GO, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico presentó una propuesta al Gobierno, que, entre otras cosas, planteó una moratoria de cinco años al pago principal de la deuda a fin de dar liquidez al país.
Asimismo, los acreedores también proponen un nuevo préstamo al Gobierno por alrededor de $750 millones a “una tasa de interés razonable (7 % al año)”.

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