JCF le saldría cara a P.R.

Por Víktor Rodríguez @viktor_rodz

La Junta de Control fiscal federal que propone el congresista Rob Bishop (Utah) para Puerto Rico le saldría “onerosa” a la isla, según esbozó el Centro para una Nueva Economía (CNE) en un informe publicado ayer.  

En el documento, el organismo analizó el borrar que propone la ley de supervisión, gestión y estabilización económica para Puerto Rico y que será discutida durante una vista en la Comisión de Recursos Naturales del Congreso el próximo 13 de abril a las 10:00 a. m. 

En su evaluación del proyecto, el CNE establece que concederle a la junta de supervisión la facultad de revisar “toda la legislación y todos los contratos del gobierno – tal y como está redactado actualmente en el proyecto – resulta oneroso y difícil de implementar”. 

Para el organismo, igual de caro le costaría al país la autoridad amplia que el proyecto le otorga a la Junta para logar estabilidad financiera, responsabilidad gerencial, y eficiencia en la prestación de los servicios gubernamentales, aún por encima de las objeciones que pueda tener el Gobierno de Puerto Rico. 

En contra propuesta, el CNE propone la radicación de una Ley de Responsabilidad Fiscal que incluya una Regla Fiscal para el presupuesto del Gobierno. Una vez aprobada, el CNE sostiene que se debe crear una junta  que “se limite a monitorear la implementación y el cumplimiento de una Regla Fiscal y un Plan Fiscal de Cinco Años.  

“La Junta de Supervisión tendría funciones técnicas, de monitoreo y entrenamiento, y proveería asistencia para lograr que los oficiales electos de Puerto Rico establezcan metas y límites presupuestarios; supervisaría su cumplimiento; y asistiría en los aspectos técnicos de la implementación de la Regla Fiscal. Dentro de estos límites, los jefes de agencia y los legisladores de Puerto Rico deben tener la flexibilidad programática para asignar y gastar fondos de acuerdo a las prioridades de Puerto Rico”, precisó el organismo. 

Asimismo, el CNE recomendó que la llamada Junta de Supervisión que se cree se enfoque en proveer asistencia técnica al Gobierno de Puerto Rico para que pueda implementar prácticas presupuestarias que estén en cumplimiento con los estándares de la llamada contabilidad de provisiones (“modified accrual accounting”), mejorar su capacidad fiscal operacional y ejecucional (incluyendo el reclutamiento de personal calificado), establecer sistemas de gerencia de información integrados y mejorar las capacidades para establecer controles internos, realizar auditorías y monitorear los sistemas en tiempo real.

“Si el Gobierno de Puerto Rico incumpliera con esas recomendaciones, entonces la Junta de Supervisión, a fin de salvaguardar y asegurar el uso adecuado de fondos federales, debería tener la discreción de retener fondos federales asignados al Gobierno de Puerto Rico hasta que este haya mejorado sustancialmente sus sistemas de gerencia financiera pública”, sostienen.   En el informe, el CNE también alerta sobre la necesidad de iniciativas para la estabilización económica y fiscal a fin de apuntar un crecimiento económico a largo plazo.  

“Sugerimos que se considere incluir un subsidio escalonado al empleo similar al que diseñó el Premio Nobel de Economía Edmund Phelps. Esta propuesta está basada en una escala gradual de subsidios salariales que se reducen gradualmente. En Puerto Rico, este subsidio pudiera implementarse para una gama de puestos que pudiera ir desde empleados que devengan salarios por debajo del salario mínimo (por ejemplo, meseros y trabajadores agrícolas) hasta trabajadores que devengan 150% del salario medio”, propusieron.    Indicaron, además, que los patronos que aumenten los salarios de esta forma tomarían un crédito contributivo contra la porción patronal de los impuestos federales de nómina.

“Esta propuesta o algo similar pudiera ser aplicable a Puerto Rico ya que los patronos de la isla pagan impuestos de nómina en su totalidad. Este tipo de programa no afectaría sus costos de largo plazo a la vez que proveería un incentivo robusto al trabajo en la economía formal”, apuntaron los expertos del CNE.   Para el CNE, una Junta de Supervisión en P. R. debería tener funciones técnicas, de monitoreo y asistencia para que los oficiales electos.

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