Melba Acosta califica de "falsas" alegaciones de acreedores

La presidenta del BGF indicó que el banco contestará el recurso legal en su totalidad a través de los medios legales pertinente y culpó al Congreso de Estados Unidos por las repercusiones del pleito legal

Por Víktor Rodríguez @viktor_rodz

La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, calificó de “falsas” las principales alegaciones que presentó un grupo de acreedores del banco en un demanda radicada ayer ante el Tribunal federal con la que se busca detener la transferencia de activos a entidades privadas y los pagos de ciertas obligaciones del BGF.

Según la funcionaria, “la alegación principal de los acreedores del BGF, [respecto a] que el BGF a sabiendas ha ocultado información financiera para darle preferencia a ciertos depositantes sobre los bonistas es completamente falsa y no está fundamentada en hechos”.

“Aunque el BGF contestará la demanda en su totalidad a través de los medios legales pertinentes, es importante señalar que el BGF ha continuado desempeñando plenamente sus roles oficiales como depositario del Gobierno, agente fiscal y asesor financiero dentro del marco de su ley orgánica  y el derecho aplicable”, indicó Acosta.

La reacción de Acosta responde a una demanda presentada por los fondos de cobertura Brigade Leveraged Capital Structures Fund Ltd., Brigade Distressed Value Master Fund Ltd., Tasman Fund LP, Claren Road Credit Master, Fund, Ltd., Claren Road Credit Opportunities, Master Fund, Ltd., Fore Multi Strategy Master, Fund, Ltd., Sola Ltd, Ultra Master Ltd, y Solus Opportunities Fund 5 LP.

En un documento de 26 páginas, los demandantes alertan de posibles pérdidas catastróficas para los acreedores del BGF, un posible fraude contra estos y un potencial daño para Puerto Rico debido a la movida de cuentas del Gobierno ubicadas en el BGF para colocarlas en bancos privados del país. Ante esto, los acreedores sostienen que la única movida que salvaría al BGF sería una reestructuración de la entidad.

A pesar de que Acosta increpó las expresiones aduciendo que son erradas, estuvo de acuerdo en que “la deuda de la isla es impagable, y la necesidad de un régimen federal de reestructuración que ayude al Estado Libre Asociado (ELA) en el camino hacia la recuperación es crucial”.

Acosta también responsabilizó al Congreso de Estados Unidos por los efectos que tengan esta primera demanda contra el BGF, en momentos en los que se estudia la posibilidad de una sindicatura para el banco del Gobierno.

“La demanda radicada en el día de hoy [ayer] por un número de acreedores del ELA contra el BGF la cual persigue una orden de injunction que impida al BGF cumplir con sus deberes oficiales, como depositario del Gobierno central y de otras entidades gubernamentales, constituye evidencia adicional del precio que la inacción del Congreso de Estados Unidos está haciéndole pagar a todas las partes involucradas”, sostuvo.

En el recurso legal, los demandantes exigen al Tribunal “prohibir al BGF, hasta nuevo aviso, hacer transferencias de sus bienes, con las excepciones que el tribunal pueda requerir en fondos que deben utilizar inmediatamente para mantener los servicios esenciales para la seguridad pública de los ciudadanos de Puerto Rico, o para pagar el curso ordinario de los gastos BGF como los servicios públicos, alquiler de funcionamiento, y salarios de los empleados”.

“Mientras que el BGF siga siendo insolvente, perjudicará gravemente los esfuerzos para implementar cualquier reestructuración. Esto dará lugar a consecuencias graves para los restantes acreedores del BGF, la economía de Puerto Rico, y la capacidad del país para generar ingresos para apoyar la prestación de servicios al público y para pagar la otras deudas del ELA”, precisaron los acreedores.

Este grupo de fondos de cobertura tiene en conjunto un total de $3.75 millones en bonos de circulación emitidos por el BGF.

Ante esto, Acosta destacó que el objetivo del BGF será “trabajar junto a sus acreedores, inclusive junto al mismo grupo de acreedores que ahora son demandantes, para alcanzar una solución abarcadora a la situación fiscal precaria del BGF y que simultáneamente se le permita al BGF continuar desempeñando su papel crucial para el ELA como un todo”.

Mencionó que “el BGF y sus asesores tienen la intención de continuar las negociaciones con los acreedores del BGF que se han anunciado públicamente y confiamos que, a pesar de la demanda, nuestras contrapartes litigantes puedan jugar un rol productivo en ese proceso”.

La demanda del grupo de acreedores surgió  luego de que el pasado sábado trascendiera que el Gobierno local había comenzado abrir cuentas en bancos locales, principalmente en Banco Popular y CitiGroup, ante una posible disolución o la puesta en sindicatura del banco, debido a su crítica situación financiera. Hasta marzo de este año, el BGF solo contaba con aproximadamente $750 millones en su caja.

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