Una comunicación efectiva entre el gobierno central, las agencias y municipios que reciben fondos federales y el sector de la construcción será la clave para que la reconstrucción de Puerto Rico pueda avanzar al ritmo que ha prometido la administración de Pedro Pierluisi durante el llamado “cuatrienio de la obra”, consideró el nuevo presidente de la Asociación de Contratistas Generales (ACG), Eduardo Pardo.
“Tenemos planificado, como parte del informe que vamos a dar, tener unas reuniones, por lo menos, trimestrales con el ingeniero Manuel Laboy, (director ejecutivo) del COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia). También queremos tener reuniones del consejo asesor de la gobernación para dilucidar todos estos problemas, porque van a pasar, es cuestión de resolverlo y que todo siga como una maquinaria moviéndose. Estas situaciones van a pasar, de dónde vienen los fondos, quién los aprueba, cómo procedo”, indicó Pardo.
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El ingeniero y presidente de Bird Group hizo alusión al reportaje de este medio que reseñó la situación actual con el complejo deportivo de Villalba, uno de los proyectos de reconstrucción más importantes en el municipio. Aunque la vigencia del contrato de construcción de la obra expiró el 25 de enero, lo cierto es que el proyecto permanece un “90% completado” desde hace dos meses, según el alcalde Luis Javier Hernández, porque el COR3 se ha demorado en autorizar el desembolso de fondos federales para cubrir los trabajos realizados.
Las demoras, según ha indicado el propio Laboy, se deben a que el COR3 requirió documentación al municipio, como parte de sus funciones de garantizar el cumplimiento con los estándares federales y evitar que, en un futuro, el gobierno se vea en la posición de tener que devolver dinero a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.
“Es complicado porque uno dice, están los fondos, por qué no los mueven. Pero es que los fondos vienen con un montón de reglas complicaditas. Hay veces que hasta absurdas, pero si no cumples con ellas, estás incumpliendo con los fondos y te pueden hacer un ‘clawback’”, advirtió Pardo, quien ayer fue juramentado en la presidencia de la ACG, cargo en el que sustituye al arquitecto Umberto Donato.
Pardo señaló que hasta el momento, cuando apenas comienza a tomar ritmo la construcción de obras con fondos federales, no ha advenido en conocimiento de otras experiencias similares a las observadas en el caso del complejo deportivo villalbeño.
El ingeniero sí sostuvo que los contratistas, en términos generales, deben ser muy cuidadosos en el manejo de los proyectos que desarrollan, toda vez que un paso en falso de los subrecipientes puede derivar en que no existan los fondos para ser compensados por los trabajos ya realizados.
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“El contratista no debería proceder con lo que le diga el municipio, necesita alguien que le diga, sí, mira, los fondos para ese problema van a estar, continúa. Esa es una comunicación bien importante que tiene que haber entre el COR3, que es el que consigue los fondos, y todos los municipios”, planteó el presidente de la ACG en un aparte con este medio previo a la asamblea en la que fue juramentado.
El proceso de reconstrucción, con las decenas de miles de millones de dólares asignados por el Congreso, implica que las entidades públicas, y particularmente los ayuntamientos más pequeños, tendrán a su cargo la administración de mucho más dinero federal del que típicamente supervisan.
Pardo admitió que la inexperiencia de muchos municipios constituye una “preocupación” para la ACG, y sostuvo que quedará en manos de COR3 y el propio sector privado brindar la asistencia necesaria para sacar adelante los proyectos.
“El gobierno central, el COR3, se encarga de recoger esos fondos y organizarlos. Ya eso fue un proceso de años, ya se está culminando, y eso pasa a los subrecipientes (agencias y municipios), que son los que tienen que mover la subasta, de diseño, de construcción. Ahí es que hay mucho detalle ahora mismo. Ese es el paso que se supone que se esté dando en estos días, que empiecen a salir las subastas de diseño, de construcción”, dijo, al resaltar que el gobierno de Pierluisi ha impuesto como meta que, en 2022, más de 2,000 proyectos con fondos federales avancen, al menos, a la etapa de subasta para construcción.
Favorece medidas para asegurar mano de obra
El nuevo líder de los contratistas sostuvo que, bajo las condiciones actuales, la mano de obra en Puerto Rico muy bien pudiera quedarse corta de la que se requerirá para echar adelante simultáneamente cientos y hasta miles de proyectos a lo largo y lo ancho del país. Para mitigar ese potencial obstáculo, Pardo se mostró a favor de que la industria de la construcción y el gobierno impulsen, ante las autoridades federales, iniciativas especiales que abran la puerta para que personas indocumentadas puedan regularizar su estatus migratorio a cambio de aportar en la obra de reconstrucción.
“Hay que buscar como grupo conseguir esa asignación federal. Debería ser posible basándonos en que esto es fondos para reconstrucción, de desastre, de emergencia. Necesitamos esa ayuda”, subrayó Pardo, al agregar que el recién creado crédito contributivo por ingresos devengados será un elemento que impulsará el empleo formal y repercutirá positivamente en la disponibilidad de trabajadores para la industria de la construcción.
Al presente, explicó Pardo, una orden ejecutiva federal ubica en $10.95 la hora el salario mínimo para los empleados de la construcción en proyectos financiados por el gobierno estadounidense, una cifra que, entiende, es razonable para el contexto puertorriqueño.
“Eso es el mínimo, hay mucho empleado que nunca ha estado en una construcción, que (a base de la orden ejecutiva) se está ganando más de lo que debería, y hay otros que ese no es su ‘rate’ (tarifa). Su ‘rate’ será $15, $16, 2$0. (El salario) depende de sus capacidades”, manifestó Pardo.
