El representante por el Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer Santiago, envió hoy una carta a la Presidenta de la Cámara Federal, Nancy Pelosi y al Senador Chuck Schumer ante la amenaza de un nuevo impuesto al sol, que iría en contra de la política pública de energía limpia de los Estados Unidos y Puerto Rico.
“Si bien es cierto que la salida de la AEE de la bancarrota es una meta importante, no puede estar reñida con las políticas de energía limpia de la administración, desde los compromisos ratificados en el Acuerdos de París, hasta las normas incluidas en la Ley Bipartidista de Infraestructura y en el proyecto de ley Build Back Better”, explica el representante en la misiva.
PUBLICIDAD
Te recomendamos:
- Competida la carrera por vacantes en el Tribunal Federal
- 12 no estaban vacunados: Salud reporta 23 muertes adicionales por COVID-19
- Convocan para este sábado juego en la playa de Ocean Park tras altercado con una pareja
El acuerdo de la Junta propone un llamado “cargo de transición” de 2.768 c/kWh que sube gradualmente a 4.552 c/kWh en 2044 en las facturas de los clientes por la electricidad que compran a la red. Sin embargo, los clientes de energía solar deberían pagar ese cargo de transición no solo en la energía comprada de la red, sino también por la energía autogenerada.
“En primer lugar, como todas las políticas regresivas, este impuesto solar golpea con más fuerza los bolsillos de los más necesitados, menoscabando sus posibilidades económicas de adquirir sistemas de energía resilientes al aumentar sustancialmente los costos. Y para colmo de males, los clientes también deben pagar por un segundo medidor para rastrear su autogeneración”, agregó el representante.
“En segundo lugar, el acuerdo de la Junta no debe estar basado en una violación directa de la legislación actual a favor de la energía renovable en la Isla. Es evidente que el enfoque de un impuesto solar es ilegal, indicó Ferrer Santiago.
La Sección 3.4 de la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico es inequívoca en su prohibición donde indica que “no se impondrá ningún cargo directo o indirecto a la generación de energía renovable por parte de los prosumidores.”
El acuedo propuesto por la JSAF no solo choca con la voluntad de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado, sino que también invade la jurisdicción exclusiva de fijación de tarifas del regulador independiente del sector energético de Puerto Rico, el Negociado de Energía.
PUBLICIDAD
En la misiva el representante apeló a ejercer la supervisión estricta del Congreso sobre la Junta, entendiéndola necesaria y adecuada para garantizar que la reestructuración de la deuda de la AEE esté claramente alineada con la política energética del Gobierno Federal y del Estado Libre Asociado.
“Como experimentamos durante el paso del huracán María, en Puerto Rico el acceso a la energía resiliente es una cuestión de vida o muerte. Por lo que le solicitamos que se unan a nuestra lucha para proteger la vida y el sustento de nuestra gente con energía limpia”, concluyó el representante.
La Junta ha señalado que presentará este acuedo en el Tribunal Federal para el mes de marzo de este año. La carta fue enviada también a los Senadores Joe Manchin, Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand, Robert Menendez, Ed Marky, Mark Kelly, Mazie Hiroki y a los congresistas Nydia Velázquez, Darren Soto, Alexandria Ocasio-Cortéz, Ritchie Torres, Raúl Grijalva.
