El Senado aprobó hoy la Resolución Conjunta Número 212, que ordena a la Administración de los Sistemas de Retiro realizar todas las acciones y medidas necesarias para implantar la Ley 81-2020, incluyendo un proceso para el retiro escalonado de los miembros de los cuerpos de seguridad en un plazo no mayor de 10 días.
“Esta Resolución le da un mandato al Administrador de los Sistemas de Retiro para que procese el reglamento relacionado a la implementación de la Ley 81. De nada vale pelear con la Junta de Supervisión Fiscal cuando realmente se necesita el reglamento. Darle paso a ese reglamento es vital para la implementación de la Ley 81”, expresó el senador Ramón Ruíz Nieves, quien es autor de la medida junto al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, Gregorio Matías y Henry Neumann.
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La pieza legislativa establece como urgente y muy legítimo ordenar al Secretario del Departamento de Seguridad Pública, al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico y al Director Ejecutivo de los Sistemas de Retiro, realizar todas las acciones y medidas necesarias para implantar la ley 81-2020, conocida como “Ley para Proveer un Retiro Digno para los Miembros del Sistema de Rango de Ia Policía, los Miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos los Miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Rico, y los Técnicos de Emergencias Médicas, comúnmente conocidos como Paramédicos, del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas y del Sistema de Emergencias Médicas Municipal, incluyendo los adscritos a las Oficinas para el Manejo de Emergencias”.
Añade que específicamente en un plazo no mayor de 10 días el debido cumplimiento de la Sección 5 de la misma, que ordenó la aprobación de la reglamentación necesaria en un término de sesenta días para la implementación de dicha Ley, que debería incluir un proceso para el retiro escalonado de los respectivos miembros de los cuerpos de seguridad.
Igualmente, se avaló el Proyecto del Senado 580, presentado por el senador Ramón Ruíz Nieves, para decretar una amnistía a los clientes residenciales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que hayan acumulado deuda desde el decreto de emergencia debido a la pandemia del COVID-19.
“Hay personas que quieren cumplir con la autoridad pero no tienen los recursos necesarios. Este proyecto presenta un ajuste en la deuda con un 30 por ciento. Este proyecto lo hemos discutido con diferentes sectores en Puerto Rico…Buscamos hacerle justicia a las personas de escasos recursos que se acercan a los municipios para buscar una aportación para pagar esa deuda”, señaló Ruíz Nieves.
La pieza legislativa señala que una amnistía sería una solución a esta problemática, en doble dirección que aqueja a nuestros ciudadanos, ya que permitiría que los clientes paguen lo adeudado a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, evitando que, a largo plazo, una vez culminada la emergencia puedan quedar desprovistos de este servicio básico y esencial para la vida. “Por otro lado, le brinda a la AAA 1a oportunidad de cobrar gran parte de la deuda; de 1o contrario, con mucha probabilidad, los clientes con altas deudas continuarán generando deudas por largos periodos. En el mejor interés se propone una amnistía que recoja el interés de todas las partes y en principio una mayor garantía del preciado y vital servicio de agua potable”.
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De igual manera, se le dio paso al Proyecto del Senado 579 de la autoría de la senadora Gretchen Hau, para enmendar la Ley 299-2003, a los fines de establecer que la partida de fondos asignados para el Programa de Internados y Residencias de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico incluye la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Puerto Rico.
Hau expresó que “hemos introducido un cambio que va a permitir que la asignación de fondos permanezca vigente y logre ajustarse a la realidad económica del presente. Esta asignación no ha sido revisada por los pasados cuatro años. Este es un tema importante como lo es la Escuela de Medicina”. Actualmente, en virtud de su Artículo 2, los fondos son asignados anualmente por una cantidad fija no menor de $20,900,000 millones.
Asimismo, el Alto Cuerpo aprobó el Proyecto del Senado 614 de la senadora Elizabeth Rosa Vélez, para declarar el “Día Nacional para la Conciencia de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos”, con fecha del 29 de septiembre de cada año y designar al Departamento de Agricultura en coordinación con el Departamento de Salud y el Departamento de Educación como las agencias encargadas de su implantación, promoción y celebración.
También, fue aprobada la Resolución del Senado 24 presentado por Ruíz Nieves, que ordena una investigación sobre las posibles alternativas disponibles para que el Estado Libre Asociado pueda sustituir los ingresos que produce al fisco el arbitrio creado por la Ley 154– 2010. A la vez, fue avalado el Proyecto del Senado 717 de la delegación novoprogresista para crear la “Ley del Fideicomiso Pablo Casals”.
