La vista de causa para arresto contra el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, en un caso de ética que presentarán fiscales de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) podrá ser transmitida en directo por los medios de comunicación.
El Tribunal Supremo dio paso a un recurso presentado por GFR Media para que el proceso judicial pueda ser transmitido en directo, así como para dar acceso a cámaras fotográficas. Los jueces asociados Mildred Pabón Charneco y Edgardo Rivera García votaron en contra de dar acceso a las cámaras a este proceso. Mientras que el juez asociado, Roberto Feliberti Cintrón expuso que hubiese dado un tiempo breve a las partes para expresarse sobre la solicitud del medio de comunicación. Por su parte, el juez asociado Erick Kolthoff Caraballo se abstuvo.
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Varias investigaciones que iniciaron en el año 2017 con auditorías internas de Hacienda y que se extendieron a través de los años y de agencias como la Oficina de la Inspectora General (OIG), el Departamento de Justicia (DJ), la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y la OPFEI desembocarán en la radicación de cargos penales bajo el artículo 5.7 de la Ley de Ética Gubernamental. Este artículo se aplica por intencionalmente no reportar datos requerida en informes financieros ante la OEG. Metro supo que finalmente se radicaría por el último referido de la OEG con señalamientos sobre el fideicomiso que en su momento creó Maldonado al asumir cargos en el gabinete de Ricardo Rosselló. Según la fuente de este diario, no habrían cargos por la auditoría de la OIG relacionada a los contratos de seguros en Hacienda, que fue el referido original al que Justicia dio paso a la OPFEI luego de cambiar la recomendación de los fiscales de Integridad Pública, según este diario pudo corroborar mediante múltiples fuentes y documentos.
No fue hasta junio del año pasado que la OPFEI consolidó los extremos de la investigación sobre el exsecretario del Departamento de Hacienda y de la Gobernación, tras recibir una auditoría forense de la OEG sobre los informes financieros de Maldonado. Los fiscales en este caso son Juan Catalá Suárez y Manuel Núñez Corrada.
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Mayra López Mulero, abogada de Maldonado, describió el proceso como una persecusión como represalía a la revelación del notorio chat de Telegram que le costó la gobernación a Ricardo Rosselló. “Estaremos enfrentando el proceso con la certeza de que al final prevalecerá la verdad y será demostrado que las alegaciones presentadas son infundadas. Reiteramos lo que hemos expresado consistentemente, el País conocerá en su día los responsables y promotores de esta injusticia”, dijo la licenciada en declaraciones escritas.
“El origen del referido inicial que activó el trámite en cuestión, se remonta al 24 de junio de 2019, fecha en que fue destituido fulminantemente el licenciado Maldonado Gautier, luego de haber denunciado la existencia de una mafia institucional bajo la administración del entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevares. Desde entonces, los organismos interventores no han cesado en su empeño de perseguir, encausar y tomar represalias contra quien delató las prácticas irregulares de ese gobierno”, manifestó.
