Aunque sin entrar en detalles, el gobernador Pedro Pierluisi sostuvo que el Departamento de Justicia se encuentra “evaluando” la controversia legal que involucra a los periodistas Alex Delgado y Yesenia Torres Figueroa, demandados por un fiscal que reclama que identifiquen la fuente anónima que les proveyó un documento oficial de carácter confidencial.
“La libertad de prensa hay que defenderla. Las fuentes de la prensa son indispensables y hay que evitar por todos los medios intervenir con el trabajo periodístico. Esa es mi posición, sé que el Departamento de Justicia está evaluando el asunto, pero esa es mi posición y siempre lo ha sido”, dijo Pierluisi a miembros de la prensa.
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El mandatario no precisó si la evaluación de la agencia respondía a la posibilidad de expresarse mediante algún recurso ante el Tribunal Supremo.
La semana pasada, Delgado presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo en busca de que se reviertan las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal Apelativo que ordenaron a los experiodistas de WAPA TV revelar la fuente que les hizo llegar el documento que vinculaba al fiscal Idelfonso Torres con un presunto esquema para recibir trato preferencial en la recuperación del servicio eléctrico en su hogar.
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Luego de que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente exculpara a Torres, el fiscal presentó una demanda por difamación contra Delgado, quien fungía como director de Noticias en WAPA, y Torres Figueroa, quien reportó la historia. Como parte de la demanda, el abogado Pablo Colón Santiago está requiriendo que Delgado revele la fuente que les proveyó un documento generado en el Negociado de Investigaciones Especiales, que aludía a que Torres había sido separado de la investigación de Justicia sobre el esquema relacionado al servicio eléctrico porque alegadamente era uno de los beneficiarios,
Delgado ha recalcado que, al amparo de los códigos de ética periodísticos, no accederá a revelar la fuente que le suplió la información, incluso si el desacato a la orden judicial implicara su encarcelación.
En Puerto Rico, contrario a otras jurisdicciones estadounidenses, no existe legislación o jurisprudencia que proteja específicamente el uso de fuentes anónimas en el ejercicio del periodismo, si bien la Constitución incluye la libertad de prensa en su Carta de Derechos.
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“Hay que ver cómo se desarrolla el caso para entonces evaluar esa posibilidad, pero nuestra Constitución es clara defendiendo la libertad de expresión, incluyendo la libertad de prensa. Esto va más allá de legislación y es cuestión de hacer valer la Constitución”, respondió el gobernador a la pregunta de si promovería legislación para garantizar la protección del uso de fuentes en la práctica periodística.
“No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios”, lee la sección 4 de la Carta de Derechos en la Constitución puertorriqueña.
“La confidencialidad de las fuentes de un periodista es la piedra angular de la libertad de prensa, por lo que respaldamos la decisión de los colegas. Además de ser una cuestión de principios, resulta absolutamente absurdo e innecesario ordenar que los colegas revelen quién les hizo llegar el documento oficial en medio de un caso por difamación”, manifestó recientemente la presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Damaris Suárez, al expresar también preocupación sobre el efecto que tendría el que prevalezca una orden judicial para revelar una fuente.
“Si el Tribunal Supremo no concede el certiorari o confirma al Apelativo establecería un precedente muy peligroso que tendría el efecto de aterrorizar a las potenciales fuentes informativas. El resultado sería catastrófico para el objetivo de fiscalización, sobre todo de la gestión pública y para el derecho del pueblo a estar informado”, afirmó, por su parte el presidente del Overseas Club Club en Puerto Rico, Luis Guardiola.
