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Confirman radicación de cargos a Raúl Maldonado

"Estaremos enfrentando el proceso con la certeza de que al final prevalecerá la verdad", dijo

Mayra López Mulero suministrada

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La licenciada Mayra López Mulero confirmó hoy, miércoles, que este próximo viernes, 21 de enero, se disponen a enfrentar la radicación de cargos  por parte del Panel sobre la Oficina de Fiscal Especial Independiente contra el  exsecretario de Hacienda y de la Gobernación, el licenciado Raúl Maldonado Gautier, por alegadas infracciones a la Ley de Ética Gubernamental.

“Estaremos enfrentando el proceso con la certeza de que al final prevalecerá la verdad y será demostrado que las alegaciones presentadas son infundadas. Reiteramos lo que hemos expresado consistentemente, el País conocerá en su día los responsables y promotores de esta injusticia”, dijo la licenciada en declaraciones escritas.

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“Este curso de acción es el resultado de un largo proceso investigativo en el que intervino la Oficina del Inspector General, Departamento de Justicia, Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, después de violentar y alargar irrazonablemente los propios términos que la ley consigna”, señaló.

“El origen del referido inicial que activó el trámite en cuestión, se remonta al 24 de junio de 2019, fecha en que fue destituido fulminantemente el licenciado Maldonado Gautier, luego de haber denunciado la existencia de una mafia institucional bajo la administración del entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevárez. Desde entonces los organismos interventores no han cesado en su empeño de perseguir, encausar y tomar represalias contra quien delató las prácticas irregulares de ese gobierno”, manifestó.

El proceso se llevará a cabo en la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan, a las 9:00 a.m..

Varias investigaciones que iniciaron en el año 2017 con auditorías internas de Hacienda y que se extendieron a través de los años y de agencias como la Oficina de la Inspectora General (OIG), el Departamento de Justicia (DJ), la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y la OPFEI culminarían con la radicación de cargos penales bajo el artículo 5.7 de la Ley de Ética Gubernamental. Este artículo se aplica por intencionalmente no reportar datos requerida en informes financieros ante la OEG. Metro supo que finalmente se radicaría por el último referido de la OEG con señalamientos sobre el fideicomiso que en su momento creó Maldonado al asumir cargos en el gabinete de Ricardo Rosselló. Según la fuente de este diario, no habrían cargos por la auditoría de la OIG relacionada a los contratos de seguros en Hacienda, que fue el referido original al que Justicia dio paso a la OPFEI luego de cambiar la recomendación de los fiscales de Integridad Pública, según este diario pudo corroborar mediante múltiples fuentes y documentos.

No fue hasta junio del año pasado que la OPFEI consolidó los extremos de la investigación sobre el exsecretario del Departamento de Hacienda y de la Gobernación, tras recibir una auditoría forense de la OEG sobre los informes financieros de Maldonado. Los fiscales en este caso son Juan Catalá Suárez y Manuel Núñez Corrada.

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Maldonado fue pieza clave en que saliera a la luz pública el notorio chat de Telegram del pasado renunciante gobernador, Ricardo Rosselló, sus asesores más cercanos y amigos fuera del gobierno en el que planificaban estrategias contra políticos opositores y gente de su partido que consideraban detractores además, se hacían comentarios homofóbicos, misógenos y en desprecio a la pobreza, entre otros. La revelación de esas comunicaciones provocó intensas protestas masivas que culminaron en la renuncia de Rosselló. Semanas antes de la divulgación del chat, Maldonado denunció “una mafia institucional” en Hacienda. El entonces gobernador Rosselló ordenó a la inspectora general, Ivelisse Torres, que iniciara una auditoría sobre las denuncias, pero en su lugar se giró la investigación sobre el denunciante. Esa gestión de la OIG conllevó reabrir una auditoría cerrada y alterar sus conclusiones para referir a Maldonado a Justicia con recomendación de que se enviara al OPFEI. Aunque fiscales de Integridad Pública inicialmente no recomendaron la designación del FEI, en el 2021 con nueva jefatura en Justicia las recomendaciones cambiaron y se envió al OPFEI un informe recomendando la designación de un fiscal, pero sobre el manejo de un contrato de seguros en Hacienda.

Ética Gubernamental bloqueó perito de Maldonado

Ante la última consolidación de investigación en la OPFEI para extender la pesquisa sobre una auditoria forense a los informes financieros de Maldonado, Metro tuvo acceso a documentos que muestran que el exsecretario de Hacienda contrató un perito independiente para realizar otra auditoría forense sobre su fideicomiso y los informes ante la OEG. Se trató del profesor de Derecho y de Contabilidad en la Universidad de Puerto Rico, Edwin Renán Maldonado, quien con aprobación de la institución académica tiene una práctica limitada en derecho y contabilidad forense.

El experto habría trabajado en una auditoría ante una resolución del OPFEI que expone que Maldonado pudo “ocultar situaciones que podrían envolver conflicto de intereses”. Esto ante un referido de la OEG.

Sin embargo, luego la propia OEG le denegó al profesor Renán Maldonado una dispensa para poder comparecer como perito en el caso. En una comunicación de la OEG, a la que Metro tuvo acceso, se señala que el experto no puede prestar servicios como perito “ya sea ante un tribunal de justicia, un organismo cuasi judicial o una agencia”. La OEG estableció que su ley orgánica establece que “un servidor público no puede, en su carácter privado, representar o asesorar, directa o indirectamente, a una persona privada o negocio ante cualquier agencia, en casos o asuntos que involucren un conflicto de intereses o de política pública entre el Gobierno y los intereses de esa persona privada o negocio”.

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