Las posibilidades del presidente nicaragüense Daniel Ortega de reelegirse el 7 de noviembre para un cuarto mandato consecutivo parecían buenas desde mayo. Su partido había acomodado el calendario electoral a su favor y la oposición estaba dividida. Entonces se publicaron los resultados de una encuesta de CID-Gallup que mostró a cinco posibles candidatos de la oposición con índices de respaldo superiores a los de Ortega y en las semanas siguientes los cinco fueron arrestados, además de otros dos posibles contendientes.
“Ante ese temor, Ortega decidió suprimir cualquier posibilidad de perder”, dijo a The Associated Press el analista político Oscar René Vargas. “Y eso significó arrestar a todos”.
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A tres días de los comicios del próximo domingo, los siete candidatos potenciales de la oposición siguen encarcelados o bajo arresto domiciliario, sus partidos están prohibidos y Ortega competirá con seis rivales casi desconocidos postulados por un puñado de pequeños partidos colaboracionistas conocidos popularmente como “zancudos”.
Las elecciones del domingo han sido calificadas como “una farsa” por Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como por organizaciones de derechos humanos internacionales.
“No hay elecciones. Así que el uso de la palabra elección está incluso en cuestión, porque la amplia oposición ha sido encarcelada o, en el caso de Cristiana Chamorro, está en arresto domiciliario desde el 2 de junio”, dijo a la AP Jennie Lincoln, asesora principal del Centro Carter sobre iniciativas de paz en América Latina y el Caribe.
“No hay elecciones. Así que el uso de la palabra elección está incluso en cuestión, porque la amplia oposición ha sido encarcelada o, en el caso de Cristiana Chamorro, está en arresto domiciliario desde el 2 de junio”.
Lincoln, que ha trabajado como observadora electoral en toda la región, cuestionó la validez del proceso debido a la falta de participación real de la oposición y los llamados a los votantes a quedarse en casa el día de los comicios. “Eso no es nada que se acerque a los estándares internacionales de unas elecciones, y punto.”
En Nicaragua, las escenas de campañas bulliciosas están ausentes. El gobierno ha prohibido los mítines masivos de campaña bajo restricciones pandémicas. No hay anuncios políticos en la televisión. Incluso en las calles, las evidencias de las próximas elecciones se limitan a algunas pequeñas pancartas sobre las avenidas y afiches de los candidatos en papeles tamaño carta pegados en los postes de luz.
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Ortega, un excomandante sandinista próximo a cumplir 76 años, y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo apenas han aparecido unas pocas veces durante la campaña.
Además de la contienda presidencial, el país elige 90 diputados de la Asamblea Nacional (Congreso unicameral) y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
El miércoles, Michael Campbell, un funcionario nicaragüense, hizo una defensa a ultranza de los comicios en una reunión virtual de la OEA. Llamó “golpistas” a los gobiernos críticos del proceso electoral y los acusó de querer derrocar a Ortega y de “alimentar el terrorismo como fórmula para desestabilizar la soberanía nacional”.
La economía de Nicaragua sigue en problemas y el país fue uno de los últimos en recibir las vacunas contra COVID en la región. Durante gran parte de la pandemia, el gobierno minimizó la amenaza y siguió promoviendo concentraciones masivas. En los hospitales se prohibió al personal de salud usar mascarillas, y los nicaragüenses fueron testigos de “entierros exprés” realizados a medianoche, en un intento gubernamental por evitar el pánico.
Hoy, muchos nicaragüenses ven poco sentido a acudir a las urnas, pero expresan su temor a no hacerlo. El gobierno anunció que movilizará a unos 30.000 miembros del Ejército y de la policía para proteger la votación.
Ana Castillo, una exfuncionaria pública que ahora es dueña de una pequeña finca de café al sur de Managua, había decidido no votar, pero los activistas del Frente Sandinista en la zona han estado yendo de puerta en puerta diciéndole a la gente que los estarán esperando en el centro de votación. “Dicen que tomarán represalias el lunes contra los que no tengan el pulgar manchado”, dijo a la AP, refiriéndose a la tinta indeleble que se estampa en el dedo del votante para evitar el doble sufragio.
María Moreno, una psicóloga que vive en Santa Teresa, al suroeste de la capital, afirmó que ella ni se acercará al centro de votación. “No hay nadie por quien votar y es obvio que Ortega ya se robó las elecciones. El resultado está listo, sólo están esperando la fecha para publicarlo”, comentó.
“No hay nadie por quien votar y es obvio que Ortega ya se robó las elecciones. El resultado está listo, sólo están esperando la fecha para publicarlo”.
A pesar de la represión, Ortega mantiene cierto “voto duro” entre sus bases. Todavía hay quienes ven beneficios en el gobierno y recuerdan sus raíces revolucionarias. A ellos se dirige Ortega cuando alega que las masivas protestas de abril de 2018 fueron parte de un “intento de golpe de Estado” apoyado por Estados Unidos. Al menos 328 personas murieron cuando las protestas fueron reprimidas violentamente y más de 100.000 nicaragüenses están refugiados o exiliados.
Rafael Espinoza es un mecánico automotriz de 60 años que trabaja en su taller en el populoso barrio de San Judas de Managua. “Voy a votar porque el Frente Sandinista es el partido de los pobres”, dijo consultado por AP. “Ahora los pobres tenemos salud, educación y parques. Antes no teníamos eso”.
Los aspirantes a la presidencia arrestados este año, junto con otras dos docenas de líderes opositores y estudiantiles, se enfrentan a delitos como lavado de dinero o recepción de financiamiento extranjero, lo que esencialmente se resume en “traición a la Patria”. A varios de ellos se les citó en la Fiscalía para entrevistarlos y luego se les detuvo y sus viviendas fueron allanadas. Durante cuatro meses han permanecido incomunicados, sin acceso a abogados y solo se les permitió ser visitados por familiares en dos ocasiones. La condena internacional no surtió efecto.
Entre las figuras disidentes perseguidas está el escritor Sergio Ramírez, Premio Cervantes de Literatura y vicepresidente sandinista del primer gobierno de Ortega (1985-1990), que a sus 79 años y sin militar ya en política, tuvo que exiliarse el mes pasado en España porque el gobierno dictó una orden de captura en su contra.
Lo que realmente ocurra el domingo podría ser difícil de verificar de forma independiente, ya que decenas de medios de prensa internacionales no han obtenido permiso del gobierno para cubrir las elecciones. Algunos periodistas extranjeros que intentaron llegar de todas formas fueron rechazados en las fronteras o al intentar abordar un avión.
La Iglesia Católica, una institución todavía poderosa en Nicaragua, también ha sido atacada por Ortega, acusada de colaborar con los que, según él, tramaron la revuelta de 2018. Algunos sacerdotes han llegado a instar a la gente a no participar en las elecciones.
“Este 7 de noviembre mi huella estará limpia, como mi conciencia, porque se ha perdido la oportunidad de elegir, se eliminó a la competencia y se pusieron a algunos de los mismos para hacer de oposición”, dijo el reverendo Uriel Vallejo, sacerdote de la iglesia Divina Misericordia en Sébaco, Matagalpa.
“Este 7 de noviembre mi huella estará limpia, como mi conciencia, porque se ha perdido la oportunidad de elegir, se eliminó a la competencia y se pusieron a algunos de los mismos para hacer de oposición”. –Reverendo Uriel Vallejo, sacerdote de la iglesia Divina Misericordia en Sébaco, Matagalpa.
A principios de este año, con el proceso electoral ya en marcha, el Consejo Supremo Electoral inhabilitó a tres partidos de la oposición por supuestas violaciones a la Ley Electoral.
Tiziano Breda, analista para América Central de International Crisis Group, señaló que los candidatos que competirán contra Ortega “son muy poco conocidos en el país y fueron postulados por partidos ampliamente percibidos como colaboradores del gobierno”.
El reverendo Edwin Román, sacerdote de la Iglesia de San Miguel en Masaya, una ciudad vecina a Managua que fue sede de una feroz resistencia popular en 2018, dijo que Ortega se enfrentará a “un grupo de tristes candidatos que no representan a la oposición.”
El grupo Urnas Abiertas, formado por críticos del gobierno, pidió esta semana que se declaren ilegítimas las elecciones y exigió que se celebren unas nuevas sin presos políticos y con observadores internacionales creíbles.
Para Josep Borrel, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, las elecciones en Nicaragua son “un fake”. En un encuentro con periodistas en Lima, Perú, el pasado martes, Borrel dijo: “Más me preocupa Nicaragua, que hay elecciones que son completamente un fake. Allí no vamos a mandar ninguna misión de observación electoral porque el señor Ortega ya se encargó de encarcelar a todos los opositores políticos que se presentaban a las elecciones. No podemos esperar que este proceso arroje un resultado legítimo que podamos considerar, sino todo lo contrario”.
