El presidente de Proyecto Dignidad, César Vázquez, rechazó el jueves, la determinación por parte del gobierno de Pedro Pierluisi Urrutia de obligar a los padres a vacunar a sus hijos si estos quieren tener acceso presencial a las escuelas del país.
“La determinación del Gobierno no se justifica médicamente ante la realidad que vive Puerto Rico con relación al COVID-19. Al presente sobre el 80 por ciento de los habitantes de Puerto Rico mayores de doce años están vacunados, más del 90 por ciento de las personas en edad de riesgo (60 años o más) o con condiciones de riesgo están vacunados. Según las propias estadísticas del Departamento de Salud, nuestros niños son el grupo con menor riesgo de complicarse o morir si se contagian con el COVID, en donde solo dos niños menores de nueve años han muerto en Puerto Rico a causa del COVID-19. Nuestros niños entre las edades de 5 a 11 años han estado yendo presencialmente a las escuelas desde el mes de agosto sin que ocurra un alza en los contagios o se hayan reportado un alza en las muertes en las edades concernientes. Lo cierto es que está comprobado que la vacuna no hace a una persona menos contagiosa, ni reduce la carga viral que pueda portar el vacunado. No existe emergencia alguna en los niños entre las edades de 5 a 11 que requiera que el Gobierno saque el martillo de la imposición, violentando derechos parentales y de la niñez. Más aun, cuando se desconocen los efectos a largo plazo que pueda tener esta vacuna para con los menores en su desarrollo”, expresó el doctor Vázquez en declaraciones escritas.
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Estas expresiones de la colectividad surgen a raíz de las recientes declaraciones del doctor Carlos Mellado, secretario de Salud que le anunció al país que estarían comenzando el proceso de vacunación en la población de 5 a 11 años; y por su parte, el gobernador indicó que los estudiantes deberán estar vacunados para acudir de manera presencial a las escuelas o de lo contrario tendrán que tomar clases de manera virtual.
“La determinación del Gobierno no se justifica como política pública. El obligar a los padres a tener que escoger entre enviar a sus hijos presencialmente a la escuela o ponerle una vacuna médicamente innecesaria en este momento, constituye un acto de arbitrariedad contra los ciudadanos que en su mayoría han cooperado con el gobierno durante la pandemia. El Gobierno no se da cuenta que nuevamente implementa medidas de alegada salud pública que a quienes más afecta es a los ciudadanos que están dispuestos a trabajar y echar hacia adelante nuestra Isla. Esta determinación a quien más afecta es a los padres y madres que se encuentran criando hijos con poca o ninguna ayuda de familia extendida, obligándolos económicamente a claudicar a sus conciencias y a lo que genuinamente creen es el mejor bienestar de sus hijos. Muchos padres quieren esperar a que sus hijos se desarrollen físicamente, y a que surjan estudios relacionados a los efectos de la vacuna a largo plazo, lo cual les ayudaría a disipar dudas o temores acerca de la vacuna experimental”, continuó Vázquez Muñiz.
“Exhortamos a los padres de los niños entre las edades de 5 a 11 años que deseen ejercer sus derechos de patria potestad a que se eduquen al respecto de sus derechos y alcen la voz en contra de una imposición injustificada, arbitraria y caprichosa. Proyecto Dignidad no está en contra de las vacunas, ni la del COVID-19, ni ninguna otra. Estamos en contra de que el Gobierno utilice su poder para obligar a los ciudadanos a violentar sus conciencias exponiendo a sus hijos a riesgos potenciales innecesariamente”, concluyó.
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