La Representante Lisie Burgos Muñiz radicó ayer el Proyecto de la Cámara 1070 con el fin de multar a establecimientos que vacunen contra el coronavirus, COVID-19, a menores sin el consentimiento de sus padres.
“El Proyecto propone la imposición de daños estatutarios por la cantidad de diez mil dólares ($10,000.00) a toda persona natural que suministre una vacuna contra el COVID-19 a un menor de edad sin el consentimiento escrito de al menos uno de sus progenitores con patria potestad o su tutor legal”, lee parte del comunicado.
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Por su parte, las corporaciones que permitan dicha inoculación no autorizada deberán pagar daños estatutarios ascendentes a veinte mil dólares ($20,000.00).
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“Mi Proyecto surge de la desconfianza que ha manifestado el Pueblo en lo referente al proceso de vacunación que está llevando a cabo la Rama Ejecutiva. Hemos visto como el Gobernador ha impuesto cargas muy onerosas a los no vacunados con la intención de obligarlos a vacunarse so pena de enfrentar sanciones en sus trabajos. A esto se añade los atropellos de algunos miembros de la clase médica en la negación de servicios a sus pacientes no vacunados. Nos preocupa como la Rama Ejecutiva pueda atender la vacunación de menores ante la posible autorización, por parte de la FDA, del uso de la vacuna de Pfizer en menores de 5 a 11 años. Por esta razón nos toca prevenir”, comentó la Portavoz Cameral de Proyecto Dignidad.
Por otro lado, la Representante manifestó su respaldo a los padres en la defensa del derecho que estos ostentan a asistir a sus hijos en sus decisiones médicas. “Ante las reiteradas violaciones a derechos civiles por parte del Ejecutivo, no vemos porque confiarle al Gobernador y al Secretario de Salud el bienestar y la salud de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Precisamente, son los padres quienes deben asistir a sus hijos en la decisión de aceptar o rechazar la vacuna contra el COVID-19″, concluyó.
