El expresidente Donald Trump intentó bloquear el lunes la entrega de documentos relacionados con la insurrección del 6 de enero en el Capitolio a una comisión del Congreso encargada de investigar el incidente, impugnando la decisión inicial del mandatario Joe Biden de prescindir del privilegio ejecutivo que suele proteger las comunicaciones de la Casa Blanca.
En una demanda federal, Trump señaló que la solicitud del panel “tenía un alcance casi ilimitado” y buscaba acceder a registros que carecen de un vínculo razonable con lo sucedido ese día. Dijo que era una “expedición de búsqueda de información ilegal y vejatoria” que está “desvinculada de cualquier propósito legislativo legítimo”, según los documentos presentados ante una corte federal del Distrito de Columbia.
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La demanda de Trump era algo esperado, ya que había dicho que impugnaría la investigación y al menos uno de sus aliados ha impugnado un citatorio. Pero la impugnación legal fue más allá de las primeras 125 páginas de registros que Biden aprobó recientemente para su entrega a la comisión. La demanda, que menciona al panel y los Archivos Nacionales, intenta invalidar completamente la solicitud del Congreso, a la que llama excesivamente amplia, indebidamente engorrosa y un desafío a la separación de poderes. Pide una orden de la corte para prohibir que el archivista entregue los documentos.
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El gobierno de Biden, al autorizar la difusión de los papeles, dijo que la toma violenta del Capitolio fue una circunstancia tan extraordinaria que amerita prescindir del privilegio que suele proteger las comunicaciones de la Casa Blanca.
Los legisladores quieren los documentos como parte de su investigación sobre cómo una turba de simpatizantes de Trump irrumpió en el Capitolio federal el 6 de enero en un intento violento por impedir la certificación del triunfo electoral de Biden. La comisión exigió una amplia gama de documentos del poder ejecutivo relacionados con la inteligencia recolectada antes del ataque, los preparativos de seguridad antes y durante el asalto, las marchas en favor de Trump que se realizaron ese día y las acusaciones infundadas por parte del entonces mandatario de que ganó las elecciones, entre otros temas.
La demanda de Trump asegura que las “solicitudes inagotables incluían más de cincuenta peticiones individuales de documentos e información, y mencionaron a más de treinta individuos, incluyendo a aquellos que trabajaban dentro y fuera del gobierno”.
Según la demanda, los documentos deben retenerse porque podrían incluir “conversaciones con (o sobre) líderes extranjeros, el producto del trabajo de abogados, los más delicados secretos de seguridad nacional, así como comunicaciones privilegiadas entre posiblemente cientos de personas”.