La medida para habilitar la emisión que reestructuraría la deuda pública del gobierno central fue avalada en el Senado con votos del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) en la noche de hoy luego de un debate de casi tres horas.
El proyecto fue aprobado luego de que se le introdujeran unas 40 páginas de enmiendas de la autoría del presidente senatorial, José Luis Dalmau, que buscan garantizar que la propuesta ley quede sin efecto en caso de que el plan de ajuste de deuda (PAD) ante la consideración de la jueza de quiebras Laura Taylor Swain impacte las pensiones públicas, o que la Junta de Control Fiscal (JCF) se niegue a aceptar otras iniciativas sociales y económicas contenidas en la medida.
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Como habían anticipado, las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Proyecto Dignidad, así como el senador independiente José Vargas Vidot, se opusieron a la versión enmendada del Proyecto de la Cámara (PC) 1003.
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La medida autoriza a la rama ejecutiva a emitir sobre $7,400 millones en bonos nuevos del gobierno central y la Autoridad de Edificios Públicos, que reemplazaría unos $18,800 millones en deuda vigente.
En su turno en defensa del proyecto, Dalmau tronó contra la premisa de que las enmiendas son una “tarjetita de Navidad”, como Vargas Vidot describió inicialmente las exigencias que contiene la medida para los planes fiscales que certifica la JCF como condiciones para validar la emisión de deuda nueva.
“Explíquenle al país las consecuencias (de rechazar la reestructuración). Rompemos la vitrola y que la juez decida. ¿Esos son los riesgos que nos queremos tomar? Vótele en contra”, retó a los opositores el presidente del Senado, quien en varias ocasiones afirmó erradamente que con la medida se reducía la deuda pública de sobre $70,000 millones a $14,000 millones.
El PC 1003, en esencia, permite que se refinancie, a través del plan de ajuste, las deudas contraídas del gobierno central que, en términos globales, asciende a cerca de $35,000 millones. Además de los $7,400 millones en el principal de los bonos nuevos emitidos, el proyecto contempla el pago de hasta $8,700 millones adicionales mediante los denominados instrumentos de valor contingente, que entrarían en vigor si ciertos recaudos, como el Impuesto de Ventas y Uso y el reembolso por los arbitrios al ron exportado exceden las proyecciones.
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En el PC 1003 no se hace mención a otros $7,000 millones en efectivo que el PAD propone para ciertos acreedores que llegaron a acuerdos consensuados con la JCF en el proceso de negociación.
La senadora independentista María de Lourdes Santiago planteó que economistas han argumentado que el nivel de repago sostenible para el gobierno puertorriqueño fluctuaría entre los $400 millones y $600 millones anuales, cifra que ya se rebasa con cerca de $800 millones que se comprometieron en la reestructuración de deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante.
“Con suerte llegamos al 2036 y entonces son enormes las posibilidades de impago”, dijo Santiago, haciéndose eco de las proyecciones de la JCF que colocan al gobierno central en un escenario deficitario para ese año.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza, sostuvo en su turno que el PAD que el PC 1003 habilita “está lejos de ser perfecto”.
Entre las imperfecciones, el exsecretario de Hacienda mencionó el monto de $7,000 millones en efectivo, así como el hecho de que la JCF desistiera de impugnar la legalidad de más de $6,000 millones en bonos emitidos entre 2012 y 2014, optando por transar con esos grupos de acreedores.
Sin embargo, planteó que el impacto del PC 1003 sobre el nivel de repago anual ronda solo los $400 millones, lo que colocaría al gobierno en la posición de pagar, de sus propio recaudos, unos $1,150 millones al año. Al tomarse en cuenta las pensiones públicas, que desde 2017 se pagan también desde el fondo general, el gobierno central habría comprometido unos $3,100 millones anuales para los diversos grupos de acreedores, cantidad que, según Zaragoza, será manejable al incorporar el impacto positivo de varias medidas federales, incluyendo el crédito por ingresos.
Zaragoza, asimismo, restó importancia a las proyecciones a largo plazo, al aseverar que la sostenibilidad de la deuda es algo que debe trabajarse año a año.
Ana Irma Rivera Lassén, portavoz del MVC, anticipó que el efecto práctico de las condiciones añadidas al PC 1003 –como que la JCF enmiende su plan fiscal para garantizar $500 millones anuales para la Universidad de Puerto Rico o $62 millones para servicios municipales– será nulo.
“La Junta es soberana en el plan fiscal”, dijo Rivera Lassén, al invitar a sus compañeros a derogar la ley de inmediato si, en efecto, el Tribunal de Quiebras o la JCF atentan contra las condiciones del PC 1003, planteamiento del que se hicieron eco senadores populares como Zaragoza y Ramón Ruiz Nieves.
La senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, en tanto, calculó que, mediante la pieza legislativa, el Senado avalaba un plan de ajuste que podría derivar en un repago de 88% a los bonistas del gobierno central.
El PAD “realmente no representa una reducción significativa del principal, sino más bien un aplazamiento del pago casi total de la deuda”, argumentó la legisladora.
El portavoz del PNP, Thomas Rivera Schatz, emitió un voto explicativo a favor, luego de esbozar que “ningún proyecto será perfecto” pero que “creo que hay que buscar soluciones”.
“Con esto es claro el poder que tiene la Asamblea Legislativa para autorizar o no una emisión de bonos”, dijo el expresidente senatorial, luego de emprenderla contra los senadores de los partidos minoritarios, a quienes acusó de no presentar propuestas alternas.
Otros senadores del PNP, como Henry Neumann y Gregorio Matías, votaron en contra de la medida. Mientras Neumann indicó que desconfiaba de la promesa de que no habría recortes a las pensiones, Matías mayormente criticó a los senadores de minoría que igualmente votaron en contra de la medida con argumentos similares a los de Rivera Schatz.
Anoche, luego de presentarle sus enmiendas al caucus popular del Senado, Dalmau anticipó que la Cámara de Representantes estaría concurriendo con las enmiendas este viernes, y que el gobernador Pedro Pierluisi no tendría objeción para convertir el proyecto en ley. Pierluisi ha reiterado que su principal condición para el proyecto era que dejara fuera cualquier aval a un recorte en las pensiones.
