En lo que sería el tercer pleito judicial en contra de la Comisión de Juegos en los pasados meses, dos operadores de máquinas de juegos para adultos presentaron una demanda en contra del director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera, al alegar que este intenta cobrar “ilegalmente” las licencias para operar dichas máquinas.
Según una solicitud de injuction y sentencia declaratoria, las empresas Pablo Javier Rivera, LLC y Spin& Win, LLC estos buscan detener el cobro de licencias a dueños mayoristas de máquinas de juegos de azar, pues aseguran que es una actuación ilegal de la Comisión de Juegos.
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Estos afirmaron que Rivera Carrión “está en claro incumplimiento” con las disposiciones de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según enmendada, conocida como “Ley de Máquinas de Juegos de Azar”, que por virtud de una decisión del Tribunal de Apelaciones se dejó sin efecto el Reglamento anunciado.
“Los poseedores de licencias, dueños mayoristas u operador de máquinas de juegos de azar en ruta están demandando a la Comisión de Juegos del Gobierno Puerto Rico, por conducto de su director ejecutivo, Orlando A. Rivera Carrión, porque entendemos que se convierte en un acto ilegal dicho cobro, luego que el Tribunal de Apelaciones declaró nulo el reglamento que se está utilizando para amedrentar a miles de padres de familia que son parte de la nómina de la industria de máquinas de entretenimiento. Entendemos que el cobro de licencias no procede porque al presente, el sistema central de computadoras, para interconectar las máquinas no está disponible”, señaló Hiram Irizarry Bermejo, portavoz del grupo.
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En julio pasado, Rivera Carrión notificó a los operadores de máquinas de juegos de azar, que la agencia comenzaría el proceso de recaudo del pago de las licencias a partir del 23 de agosto.
“Entendemos que el Gobernador Pedro Pierluisi y el Secretario del Departamento de Desarrollo, el comerciante Manuel Cidre Miranda no están supervisando al director ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno Puerto Rico quien requirió a todo dueño mayorista u operador licenciado de máquina de juego de azar en ruta, el pago los derechos de las licencias (marbetes) correspondientes al total de sus máquinas; sopena de la revocación de su licencia como operador. Es decir, el director ejecutivo de la Comisión exigió a los operadores con licencias el pago de las mismas (marbetes) sin estar operando el sistema de interconexión como requiere la sección 8 de la Ley 11, lo cual resulta en una amenaza inminente hacia los demandantes, de despojarlos de sus derechos si no se someten a una directriz ilegal y ultra vires. Dicha decisión se ha tomado sin fundamento jurídico y en violación a las directrices del Tribunal de Apelaciones que dejó sin efecto el reglamento de dichas máquinas”, expresó Irizarry Bermejo.
El pasado 14 de julio, el Tribunal de Primera Instancia invalidó el reglamento del sistema de interconexión de las máquinas de juegos de azar. El tribunal también anuló el reglamento que permitió la concesión de unas primeras 100 licencias a operadores de máquinas de juegos de azar.
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El pasado 30 de julio, otro grupo de operadores de máquinas de juegos de azar presentó otro pleito contra la Comisión en el que argumentan, entre otras cosas, que el director ejecutivo de la CJ, Orlando Rivera, viola la orden judicial al requerir el pago de las licencias otorgadas.
Esta demanda contra la Comisión de Juegos —presentada el pasado 30 de julio por unos 30 operadores de máquinas de juegos de azar— se argumenta que la agencia otorgó licencias a varias empresas que no contaban con el aval del Departamento de Hacienda. Ante esto, alegan que estas empresas —como The Winning Key del exsenador Eric Correa—no tenían autorizado recibir una licencia bajo la Comisión de Juegos.
