La Junta de Control Fiscal (JCF) aún no ha definido una posición sobre el proyecto que busca elevar escalonadamente el salario mínimo en Puerto Rico a $10.50 la hora, si bien su portavoz, Edward Zayas, manifestó que es un asunto sobre el que el organismo pasará juicio si la medida se convierte en ley.
“Como usualmente hace la Junta, en este momento estamos esperando (porque) si se aprueba en la Legislatura y lo firma el ejecutivo, tiene que venir para acá. El ejecutivo tiene siete días para pasarlo (si convierte la medida en ley). La Junta va a mirarlo, analizar el impacto que tiene sobre el presupuesto y el plan fiscal y entonces emitirá su opinión, pero todavía estamos a la espera”, expresó Zayas.
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El segundo informe de conferencia del Proyecto de la Cámara 338 fue aprobado ayer sin oposición en su cuerpo de origen, por lo que, si el Senado hace lo propio, la medida llegaría al escritorio del gobernador Pedro Pierluisi.
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Ayer, el propio Pierluisi, quien se encuentra de viaje oficial, escribió en Twitter que su equipo y el liderato legislativo habían finalmente acordado el lenguaje para la medida que aumenta el salario mínimo, luego de semanas de discusión sobre las fechas y los indicadores que viabilizarían los incrementos.
El proyecto avalado en la Cámara de Representantes incluye un aumento a $8.50 en enero de 2022 y otros a $9.50 en julio de 2023. El tercer incremento, a $10.50, ocurriría en julio de 2024, a no ser que la propuesta Comisión Evaluadora de Salario Mínimo emita un “decreto mandatorio” que lo paralice o altere su alcance.
La Comisión Evaluadora que crea la pieza legislativa, asimismo, tendría carácter permanente y la facultad de emitir decretos periódicamente para ajustar el salario mínimo, luego de realizar estudios sobre la situación económica del país.
Zayas reconoció que internamente la JCF ha discutido las implicaciones de un aumento al salario mínimo en Puerto Rico, pero sostuvo que ese diálogo no se ha extendido a un intercambio con los funcionarios electos. Ayer, precisamente, los miembros de la JCF se reunieron con el gobernador y los presidentes legislativos, José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández, pero Zayas aseguró que el tema del salario mínimo no se abordó.
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“Lo importante es ver el impacto que (el aumento al salario mínimo) tendría sobre el presupuesto y si es consistente con el plan fiscal”, insistió el portavoz.
Aunque se trata de una posibilidad que contravendría lo expresado por el gobierno electo, la Ley Promesa, que creó la JCF, contiene una provisión de política pública que se aleja de la intención de incrementar el sueldo base en Puerto Rico. Específicamente, la sección 403 de la ley federal abre la puerta a que el gobernador, con el visto bueno del organismo fiscal, reduzca, por un periodo de cuatro años, el salario mínimo a $4.25 para aquellos empleados nuevos que no hayan cumplido los 25 años de edad.
