En busca de alternativas viables para atajar el conflicto obrero patronal en los muelles de San Juan, la Comisión de Gobierno que preside el senador Ramón Ruiz Nieves realizó una segunda vista pública en la que citó a deponer a la Autoridad de los Puertos y a la Alianzas Público-Privadas (APP).
“La acción inmediata del Gobierno es, número uno, el Departamento de Justicia está evaluando el contrato [de la empresa Ayala Colón con la Autoridad de los Puertos] para ver si el contrato permite o no que el Gobierno pueda entrar en la ingerencia del conflicto; número dos, en la propuesta que surge de evaluar propopentes de nuevas empresas de estibadores para las 19 cuerdas que el Gobierno no tenía ningún plan para ellas y número tres, el asunto de la inversión de capital para la zona Sur [para el Puerto de Ponce] de obtener más grúas”, expresó en un aparte el senador Ruiz Nieves. Asimismo, destacó que “el tranque laboral forzó [estos] tres asuntos que el Gobierno no tenía en el tintero, no lo estaba mirando”.
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Durante su alocusión el director de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá destacó la obtención de 19 cuerdas de terreno en la zona portuaria de Puerto Nuevo, el cual ya se está trabajando un RFI (Request For Information) y mencionó que para mayor resilencia se debería viavilizar el Puerto de Ponce.
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En cuanto al conflicto obrero patronal con el estibador Luis Ayala Colón, Pizá enfatizó que es el National Labor Relations Board “el foro administrativo con jurisprudencia para dirimir este tipo de controversia”.
A preguntas del presidente de la comisión sobre cuál sería el plan de acción de la Autoridad de Puertos referente a la carga que llegue a los muelles de Puerto Rico si no se llegase a un acuerdo para luego del 19 de septiembre, el funcionario contestó que “no tenemos poderes para intervenir en conflictos obrero patronales y tampoco cancelar contratos a nuestros arrendatarios… Hay mucho campo ocupado federal en esto, y se puede decir que si ha habido planes de cómo podemos considerar a la Guardia Nacional en unas situaciones adicionales, pero sabemos que la Guardia Nacional no tiene el conocimiento, para poder operar una grúa y sacar un furgón de mil libras, eso no lo puede hacer cualquiera, eso requiere un adiestramiento de mas de tres meses… Estamos hablando de un eslabón en la cadena de suministro o distribución que es muy complejo”.
Ante ese panorama, Pizá explicó que lo más que pudo hacer la Autroidad de los Puertos fue presentar una demanada por más de $400 mil y se demandó tanto a las empresas Ayala Colón como a la Unión ILA. “Y aún con la tregua no se contempló remover la demanda, también fue una estrategia para motivarlos a negociar”, detalló. Asimismo, dijo que la Autoridad lo que puede hacer es buscar que otro muelle que pueda estar disponible en Puerto Rico con la capacidad de bajar contenedores para tener mayor resilencia. Por lo que destacó la alternativa de utilizar el Puerto de Ponce.
Pizá también le recomendó a la Comisión citar a los protagonistas de este conflicto obrero patronal, a las empresas Luis Ayala Colón y a la Unión ILA. Ruiz Nieves, expresó que en efecto para la próxima vista pública estará citando a la empresa Luis Ayala Colón para que explique cuánto fue la pérdida de las empresas puertorriqueñas por ese conflicto obrero patronal.
Mientras, la APP envió una carta excusandose de la audiencia ya que “la Autoridad no tiene participación ni injerencia alguna en la operación de los muelles de carga de San Juan”.
