La directora de investigación del Instituto para el Desarrollo de la Juventud (IDJ), María Enchautegui, participó hoy de las vistas públicas del Proyecto del Senado 293, y estableció la urgencia de crear una meta ejecutable para reducir la pobreza infantil en Puerto Rico.
La economista dejó claro que atajar la pobreza infantil debe ser parte de la agenda inmediata de desarrollo económico. “En Un Futuro de pobreza infantil en Puerto Rico, expusimos que la inversión en los niños, niñas y jóvenes, más allá de ser un tema moral y ético, es un tema que incide tanto en el desarrollo económico de Puerto Rico, como en la viabilidad fiscal del gobierno a largo plazo”, sentenció la experta, quien puntualizó que la pobreza infantil tiene un costo anual de $4,418 millones, o 4.3% del producto bruto interno (PBI) de Puerto Rico.
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El enfoque económico que estudió el IDJ provee el trasfondo necesario para implementar políticas públicas dirigidas a reducir la pobreza infantil al cabo de diez años.
Algunas de estas son: que se desarrollen programas de adiestramiento laboral sectorial; que se expandan empleos subsidiados para jóvenes, padres y madres; que eliminen barreras en el empleo como expandir programas de horario extendido en las escuelas y asegurar acceso amplio a programas de desarrollo temprano, y que se implementen modelos de dos generaciones en las escuelas públicas para crear oportunidades y abordar las necesidades tanto de niños y niñas como de los adultos en sus vidas.
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Estas recomendaciones, contenidas en la medida que se discute en la Comisión de Impacto Comunitario de la Cámara de Representantes que preside la Lydia Méndez Silva, fueron avaladas y apoyadas por el Departamento de Educación y el Departamento de la Familia.
“No ha habido un momento tan idóneo en la historia reciente de Puerto Rico para implantar políticas públicas que redunden en la reducción de la pobreza infantil. Con la ampliación de fondos en Puerto Rico dirigidos a mejorar la infraestructura, los servicios de cuido y adiestramiento laboral, el momento es ahora para ejecutar una agenda que ayude a mover a la niñez de Puerto Rico permanentemente fuera de la pobreza”, advirtió Enchautegui.
El IDJ presentó una serie de recomendaciones y enmiendas para que la legislación retome el enfoque de establecer una meta para reducir la pobreza infantil en Puerto Rico.
Esta medida, que fue aprobada en el Senado con el voto a favor de todos los presentes, cuenta con el aval de todas las delegaciones en la Legislatura; y fue evaluada por organizaciones sin fines de lucro, agencias de gobierno y profesionales de la salud entre los que figuran el Centro para Puerto Rico, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, la Coalición Anti-Pobreza, el Departamento de Salud, FURIA, el Departamento de la Familia, el Centro Sor Isolina Ferrer, Puerto Rico por el Derecho a una Vivienda Digna, el doctor Eduardo A. Lugo Hernández y la doctora Kevia M. Calderón Jorge, presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico.
