La Cámara de Representantes interpuso hoy domingo una demanda ante el Primer Circuito de Apelaciones de Boston para que se considere “combatir la intervención ilegal y antidemocrática de la Junta de Control Fiscal” en los procesos legislativos.
“En el espíritu de defender el voto sagrado del pueblo puertorriqueño cuando ratificó en 1952 la manera de cómo se regirá su gobierno escogido democráticamente, hoy establecemos varios frentes de batalla contra las injusticias y los atropellos de la Junta. Apelamos en el Primer Circuito de Boston la inconstitucionalidad de la JCF al menoscabar las prerrogativas y poderes legislativos en un sistema de gobierno republicano de separación de poderes”, sostuvo el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, en un comunicado de prensa.
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Hernández indicó que le contestaron también a la Junta la demanda sobre la Ley de Retiro Digno y defendieron su postura de no recortar las pensiones de los retirados durante el proceso de restructuración de la deuda del gobierno.
“Logramos que se aceptara nuestra participación como amigos de la corte en el caso de Pierluisi-Urrutia v. JCF que actualmente se ventila ante el Primer Circuito en Boston y que trata sobre las facultades de la Junta de incidir sobre la validez de legislación no económica; combatimos la decisión de la JCF de permitir enmiendas al presupuesto en contravención a PROMESA para subsidiar la consulta del 16 de mayo de 2021 y escoger la Delegación Congresional de Puerto Rico”, dijo.
Asimismo, mencionó el respaldo a la iniciativa del congresista Raúl Grijalva de enmendar la ley PROMESA y sus recomendaciones que incluyen que el código de ética federal aplique a los contratistas, empleados y miembros de la JCF, además de establecer una fecha para la salida de la Junta, de no más de seis meses luego de restructurar la deuda.
De igual modo, que se establezcan normas para la intervención y congelación de legislación estatal por parte de la Junta, además de incluir a la asamblea legislativa en los procesos para poder defender la política pública aprobada y en el proceso de estructurar los planes fiscales. Señala también que se libere a la Universidad de Puerto Rico, municipios y legislatura de los planes fiscales identificándolos como entidades no cubiertas.
El representante señaló, además, como derrotaron en tres ocasiones en los tribunales estatales y federales los intentos de LUMA de no divulgar información ni rendir cuentas ante la asamblea legislativa con relación a la alianza público-privada de la Autoridad de Energía Eléctrica.
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“Continuaremos nuestra gestión hasta tanto le demos la transparencia que nuestro pueblo exige a esta controversial contratación”, indicó.
