Familiares y amigos de cubanos que fueron arrestados en medio de las inéditas protestas recientes denunciaron que las autoridades judiciales realizan juicios sumarios contra los manifestantes, en momentos en que las autoridades de la isla son blanco de críticas de organizaciones internacionales y gobiernos por la respuesta que ha tenido contra la gente que reclama en las calles.
Martha Acosta, madre del artista plástico Carlos González Acosta, dijo a The Associated Press que su hijo había sido sancionado a diez meses de prisión el martes bajo el delito de desorden público, sin que se le diera tiempo a ella para presenciar el juicio en el Tribunal de Centro Habana, pues no se le informó hasta ese mismo día cuando la vista oral ya había pasado y pese a que estuvo pendiente hasta último momento.
“No me parece justo. Mi hijo no tiene antecedentes, no es un delincuente”, expresó Acosta, quien indicó que la familia realizará una apelación de la sentencia el viernes, como lo establece la ley.
El artista de 38 años, quien ya fue llevado a la cárcel capitalina de Valle Grande, es uno de un número no precisado de personas que fueron arrestadas entre el domingo 11 y el lunes 12 en medio de protestas antigubernamentales con demandas variadas, desde los cortes de luz, las colas y el desabastecimiento, hasta cambios políticos. Fueron las primeras manifestaciones en la isla de tal magnitud en décadas.
Te recomendamos:
Recomendados
Puerto Plata, República Dominicana: multidestino instagrameable
Buscan frenar fiebre alquileres a corto plazo
La gente que onePulse Foundation dejó atrás
- Inician las Olimpiadas con particular ceremonia de inauguración
- MIDA no reconoce acuerdo entre el gobierno y los camioneros
- NIE allana oficinas del municipio de Mayagüez
Las autoridades no han dado cifras de la cantidad de personas detenidas, pero el canciller Bruno Rodríguez dijo la víspera que todos los casos se ajustan a la ley, al tiempo en que negó rotundamente que existan desaparecidos o no identificados entre los detenidos, menores de edad presos o que a los arrestados se los sometiera a torturas, como indican mensajes por redes sociales.
El jueves, el gobierno de Estados Unidos aplicó sanciones y puso en una lista negra al ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera y a la Brigada Especial del Ministerio de Interior por haber participado en los arrestos a los manifestantes
El coronel del Ministerio del Interior, Victor Alvarez, reiteró en una comparecencia televisiva que a las 24 horas de los arrestos las familias ya conocían la situación de sus allegados, mientras José Luis Reyes, de la Fiscalía, señaló que 63 personas –especialmente parientes– se presentaron a esa dependencia con quejas por las detenciones o para saber el paradero de alguien.
Un listado de la organización Human Rights Watch difundido el jueves registraba más de 600 nombres de detenidos, y el director del periódico independiente El Toque, José Jasán Nieves, indicó que sumaban alrededor de 537.
“Son muchas las personas que aún no han podido ser registradas”, expresó Nieves en Twitter.
El coronel Alvarez también aseguró que en las primeras horas después de los arrestos fueron liberados grupos de ciudadanos a los cuales no se les demostró participación y a otros se les impuso multas, aunque no entró en detalles. Los juicios sumarios están previstos en la ley cubana.
Las manifestaciones se desarrollaron en varios puntos del país y de la propia capital. Algunos de ellos terminaron en disturbios violentos, con saqueos de tiendas, rotura de cristales, piedras a policías y vecinos, patrullas y otros vehículos destruidos.
El presidente Miguel Díaz-Canel consideró que en las protestas convergieron opositores, compatriotas genuinamente agobiados por la crisis y delincuentes. Simpatizantes del gobierno salieron también a las calles en defensa de la revolución y en algunos casos también fueron golpeados por sus contrarios.
Familiares de detenidos dijeron que no todos los sancionados o arrestados tuvieron un actuar agresivo e insistieron en lo que consideran las irregularidades de la justicia en el marco de los juicios sumarios, como carencias de abogados preparados o llamadas telefónicas.
Yoel González Acosta, hermano de Carlos, el artista plástico, afirmó a la AP que luego de casi una semana y media después de los sucesos no han podido verlo, ni hablar con él.
Por su parte, la productora de cine, Claudia Calviño, confirmó a través de su página de Facebook que también fue sentenciado a diez meses por desorden público el fotógrafo Alexander Diego Gil, mientras en las redes sociales la familia informó sobre la condena de un año para el artista visual Anyelo Troya.
Artistas como Julio Llópis-Casal dijeron a la AP que aunque se encuentra en su casa no pueden salir pues tienen un custodio de civil en la puerta de sus casas.
Uno de quienes pasó unas horas preso pero quedó en libertad fue el dramaturgo Yunior García Aguilera, quien se entrevistó con el cantautor y poeta Silvio Rodríguez, uno de los intelectuales más prestigiosos de la isla y reconocido por su militancia revolucionaria, para tratar sobre la situación de los detenidos.
“Hubo diálogo, intercambio, nos escuchamos con atención y respeto”, dijo Rodríguez en un escrito en su página de Facebook la víspera. “Tiene que haber más puentes, tiene que haber más diálogos, tiene que haber menos prejuicios; menos ganas de pegar y más deseos de resolver la montaña de temas económicos y políticos pendientes”.
El trovador se comprometió a interesarse por los presos y pedir una amnistía para ellos.