Tras su aprobación ayer en la Cámara de Representantes, diversas organizaciones de trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) solicitaron hoy al Senado la aprobación del Proyecto de la Cámara 119, que elevaría a rango de ley el Sistema de Retiro de la UPR.
En esencia, el proyecto dejaría en manos de la Junta de Retiro la administración de dicho sistema y mantendría el plan de beneficios definidos que ostenta actualmente. La Junta de Gobierno (JG) y la Junta de Control Fiscal (JCF) buscan congelar el sistema de retiro actual y convertirlo en un plan de contribución definida, el cual es similar a un sistema de ahorros 401K.
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“Entre los puntos que resalta en este proyecto está el quitar del medio la injerencia de la Junta de Gobierno de la UPR quien fue removida como fiduciaria del Sistema de Retiro y obligar a la Universidad mediante rango de ley a que haga las aportaciones necesarias a nuestro sistema de retiro y a las aportaciones que tiene que hacer para solventar su deuda actuarial con el sistema de retiro”, señaló Luis Vicenty, presidente de la Junta de Retiro durante una conferencia de prensa a las afueras del Capitolio.
Mientras que Ángel Rodríguez, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (Appu) también aplaudió el proyecto de ley y pidió a la cámara alta a que también avale la medida. “Es un elemento de justicia social del mantenimiento de la vida de aquellas personas que se jubilaron o aquellas que nos vamos a jubilar en algún momento. Es fundamental que en los momentos de mayor precariedad que está mas entrado en edad, uno tenga la posibilidad de tener un nivel de dignidad que amerita y merece cualquier se humano”, dijo el líder sindical.
Asimismo, Jorge Rodríguez, secretario de finanzas de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), respaldó que la Junta de Retiro continúe administrando el sistema de retiro y se opuso a que la administración universitaria dirija las finanzas de dicho sistema.
“[La Junta de Retiro] ha demostrado que administra con responsabilidad los recursos, la confianza que depositó los empleados de la Universidad en nuestro sistema. Esa Junta [de Retiro] ha respondido con responsabilidad administrando correctamente los recursos. Ha sido la administración universitaria la que no responde a la altura del momento. Necesitamos que la Universidad se ponga al día con las aportaciones”, comentó el integrante de la colectividad.
“El proyecto obliga a la Universidad a hacer la aportación y a amortizar la deuda a 25 años”, mencionó Vicenty a Metro. El líder de la organización también aseguró que el proyecto de ley está acorde al Plan Fiscal de la Universidad aprobado por la Junta de Control Fiscal y descartó que la medida corra la misma suerte que la Ley de Retiro Digno. Esta semana, el ente fiscal pidió al gobierno derogar la Ley de Retiro Digno.
