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La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Orlando Aponte Rosario, aprobó el viernes múltiples proyectos del Senado en una vista de consideración final (markup session). Entre ellos, el Proyecto del Senado 136, que busca enmendar la Ley que prohíbe el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el empleo con el fin de expandir sus protecciones.
El estatuto de la autoría de las senadoras María de Lourdes Santiago Negrón y Ana Irma Rivera Lassen fue avalado unánimemente con 9 votos a favor y enmendará el Artículo 1 de la Ley 22-2013.
Esta medida llevaría las protecciones contra el discrimen en cualquier gestión gubernamental, pública o privada. También, busca prohibir el discrimen que pueda surgir por identidad de género percibida, protección que se eliminó durante el trámite legislativo de la Ley 22 de 2013.
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La primera legislación local que atendió el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el empleo en Puerto Rico, se aprobó hace dos cuatrienios bajo el Proyecto del Senado 238.
De otra parte, esta medida enmienda alrededor de ocho leyes para ampliar las protecciones de discriminación contra la comunidad LGBTT. Algunas de estas leyes son: la Ley 22 de 2013, la Carta de Derechos del Joven de Puerto Rico, la Ley de Relaciones del Trabajo para Servicio Público de Puerto Rico, la Ley para la Administración de los Recursos Humanos, el Código Municipal de Puerto Rico, la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño y la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico.
Del informe de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, presidida por Rivera Lassen, se desprende que la medida tuvo la aprobación de varios sectores, incluyendo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE).
El informe resalta el memorial de la ACLU, que expone que “la identidad de género, expresión de género, real o percibida, es una expresión de la identidad de cada persona escogida libremente, y dentro de los derechos humanos, las libertades constitucionales y civiles que nos cobijan deben ser respetadas y protegida”.
Además, destaca el memorial de CABE la aseveración de que, “la larga historia de marginación, exclusión y discrimen que han sufrido estas comunidades requiere de una pieza legislativa como la que nos ocupa para continuar un proceso de reconciliación como pueblo donde todas las personas que en él habitan sean tratadas con equidad y dignidad”.
Enmienda a Ley Carta de Derechos de Víctimas y Testigos de Delito
Por otro lado, se avaló el Proyecto del Senado 11 que enmienda la Ley 22-1988, conocida como la “Ley para establecer la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito” para proveer protección y asistencia a todas las víctimas y testigos de delito, de forma que los funcionarios del orden público no podrán indagar sobre la nacionalidad o estatus migratorio de los perjudicados.
El proyecto de la autoría del presidente senatorial, José Luis Dalmau Santiago, tiene el propósito de salvaguardar los derechos de los testigos y víctimas de delito sin importar su estatus migratorio. ‘’La población inmigrante participa de todos los aspectos de nuestra sociedad y se ven igualmente afectados por problemáticas sociales como la criminalidad. Por eso, esta medida establece que los funcionarios del orden público no podrán indagar sobre la nacionalidad o estatus migratorio de las víctimas y testigos de delito, como una garantía adicional en favor de la población inmigrante’’.
A su vez, la Comisión de lo Jurídico dio paso al Proyecto del Senado 19, que crea la “Ley para la Imposición de la Pena Especial del Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de establecer un procedimiento para considerar la indigencia de la persona convicta al determinar la imposición de la pena especial establecida en el Código Penal de Puerto Rico.
Según la exposición de motivos del estatuto, de la autoría de Dalmau Santiago, crearán la ley para establecer un procedimiento que tome en consideración la condición de indigencia de la persona convicta al momento en que el Tribunal evalúe la posibilidad de imponer la pena especial según estatuida en el Código Penal.
Finalmente, en la vista de consideración final se aprobaron los Proyectos del Senado 21 y 27 también de la autoría de Dalmau Santiago para derogar el Artículo 522 de la Ley 4-1971, conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, a fin de que se aclare el estado de derecho, en cuanto a la jurisdicción de la Junta de Libertad Bajo Palabra. Mientras, el Proyecto del Senado 27 enmienda la Regla 702 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico adoptadas mediante la Ley 46-2009, a los fines de atemperar a la normativa establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Daubert v. Merrell Pharmaceuticals, 509 US 579 (1993).
