La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) recurrió al Tribunal de Primera Instancia para exigir que los antiguos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que fueron movilizados a otras agencias públicas tras la privatización de la red eléctrica retendrán acceso al plan médico y otros beneficios que perderían desde el 1 de julio.
En la demanda, suscrita por los abogados Alejandro Torres Rivera y María Suárez Santos, se estipula que las cartas que el pasado 27 de mayo emitió la oficina de Recursos Humanos de la AEE, notificando la suspensión del plan médico al concluir el año fiscal, entran “en abierta contradicción con lo establecido en la Sección 15 de la Ley Núm. 120-2018”.
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Según la misiva firmada por Nydza Irizarry Algarín, directora interina de Recursos Humanos de la AEE, “todos los empleados de la Autoridad que sean transferidos mediante el concepto de movilidad a otras entidades gubernamentales, podrán utilizar el plan médico que tienen actualmente como empleados de la Autoridad, hasta el 30 de junio de 2021. Posterior a esa fecha, el beneficio será cancelado”.
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El recurso legal puntualiza que la Ley 120-2018, que abrió la puerta a la privatización o cesión de activos y las operaciones de la AEE, dispuso que los empleados que fueran movilizados a otra entidad pública conservarían todos sus “derechos adquiridos”.
Asimismo, la Sección 15 del estatuto dispuso que “ningún empleado regular de la AEE quedará sin empleo ni perderá beneficios como resultado de las Transacciones de la AEE”.
La Utier, en la demanda, solicitó al Tribunal de San Juan que emita una sentencia declaratoria que estipule el derecho de los trabajadores a conservar el plan médico y conceda un injunction preliminar y permanente que prevenga al gobierno arrebatarles a los antiguos empleados de la AEE cualquier beneficio del que disfrutaran en la corporación pública.
“El quedar desprovistos/as de un Plan Médico que ha suplido sus necesidades de salud y la de sus familiares beneficiarios/as durante este tiempo, constituye un gran daño irreparable para miles de empleados/as y familiares”, sostiene la demanda.
Recientemente, la Utier solicitó un injunction preliminar y permanente ante la jueza de quiebras Laura Taylor Swain que busca la anulación del contrato de operación y mantenimiento de la red eléctrica otorgado a Luma Energy. La jueza Swain, quien preside el proceso de Título III de la AEE bajo la Ley Promesa, denegó el pedido de injunction preliminar, por lo que aún está pendiente de adjudicación el reclamo de un injunction permanente.
