La jueza Alexandra Rivera no encontró causa para juicio contra la exsecretaria interina del Departamento de Justicia Wandymar Burgos por alegadas infracciones a la Ley de Ética Gubernamental.
Los fiscales especiales independientes Leticia Pabón y Miguel Colón anticiparon que irán en alzada tras la decisión de la jueza. La vista en alzada se celebrará el próximo 12 de julio en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La jueza indicó que ese mismo día comenzaría el juicio en torno al cargo criminal que se le imputa a Burgos por obstrucción a la justicia.
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Sin embargo, Burgos enfrentará juicio por violaciones al artículo 246 del Código Penal por resistencia y obstrucción a la autoridad pública. Debido a que el artículo 246 del Código Penal es un delito menos grave este no fue objeto de la vista preliminar.
El Panel del Fiscal Especial Independiente le imputó a Burgos infracciones al artículo 4.2 incisos (b) y (f) de la Ley de Ética Gubernamental y por violaciones al artículo 246 del Código Penal de Puerto Rico (Resistencia y obstrucción a la autoridad pública).
El pasado 26 de abril, a Burgos se le encontró causa para arresto por supuestas infracciones a la Ley de Ética Gubernamental y causa para juicio por violaciones al artículo 246 del Código Penal.
De acuerdo con el abogado Jason González —quien representa a Burgos— las denuncias de los fiscales especiales independientes adolecen de fallas ya que no pudieron probar que la exfuncionaria recibió un beneficio al interrumpir la entrega del referido contra la exgobernadora. El letrado también cuestionó que las violaciones a los artículos de la Ley de Ética Gubernamental que se le imputa a Burgos señala que el beneficio debe obtenerse para beneficio personal o de una persona privada. En este caso, González argumentó que el supuesto beneficio habría sido para la exgobernadora, quien no cualificaría como una persona privada, al amparo de la Ley.
González también planteó que la entonces secretaria del Departamento de Justicia Dennise Longo realizó los referidos contra Vázquez y otros cinco funcionarios horas después de haber sido destituida de su cargo el 3 de julio de 2020, por lo cual no ostentaba autoridad en ley para entregarlos al Panel del Fiscal Especial Independiente (Pfei). Ante esto, señaló que Burgos había sido nombrada como secretaria interina, por lo cual tenía derecho a examinar el informe antes de ser enviado al Pfei. Asimismo, indicó que el referido de Justicia no se trataba de un documento confidencial ya que la pesquisa de la agencia había culminado.
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Mientras, a su salida del Tribunal, los fiscales especiales Pabón y Colón rechazaron que la jueza haya determinado no causa para juicio debido a que no pudieron probar el alegado beneficio que pudiera haber recibido Burgos o Vázquez. “Se le debe tratar como una persona no como privilegio por el hecho de que ocupa la posición”, comentó Colón al salir de la sala 606 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
Colón y Pabón reconocieron que en repetidas ocasiones la jueza Rivera les cuestionó sobre el supuesto beneficio que habría recibido Burgos en detener los referidos en contra de Vázquez y otros cinco funcionarios al Pfei. La fiscal Pabón, además, aseguró que Burgos no tenía facultad para solicitar la devolución del referido en contra de Vázquez. Sin embargo, Colón también planteó que a Burgos se le acusa de revelar información confidencial a Grisselle Santiago, asesora legal de La Fortaleza. Según el planteamiento de los fiscales especiales independientes, Burgos
Tras el despido de Longo, Burgos ordenó la devolución de los referidos que implicaban a la exgobernadora. La exfuncionaria, en aquel momento, aseguró que detuvo la entrega de dichos documentos debido a que quería revisar la información que sometieron los fiscales de la agencia al Opfei.
En medio de la investigación contra la exgobernadora, luego la OPFEI extendió su pesquisa sobre el trámite irregular del referido luego de que Burgos —quien estuvo en el cargo por cinco días— ordenó detener la entrega del referido.
Además de Vázquez Garced, los fiscales especiales investigaron a la exsenadora Evelyn Vázquez Nieves; el exsecretario de la gobernación Antonio Pabón Batlle; Surima Quiñones, exdirectora de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef); José Alfredo Galarza, exsubdirector de Adsef; y María Teresa Zayas, jefa de Servicios Operacionales de esa misma dependencia del Departamento de la Familia. Sin embargo, no hubo radicación de cargos contra ninguno de estos funcionarios. Vázquez Garced, Pabón Batlle y Quiñones fueron referidos por la vía administrativa a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). A la presunta víctima de la represalia, Glorimar Andújar, también la refirieron. A la exsenadora Vázquez no la refirieron porque no habría jurisdicción de la OEG sino del propio Senado, y al ya no ser senadora, no hubo ningún tipo de referido.
En el caso de Vázquez Garced, el Departamento de Justicia recomendó en su momento investigar si incurrió en violaciones al Código Anticorrupción al despedir a la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar en medio de la emergencia por los terremotos de enero de 2020.
Andújar habría iniciado una pesquisa sobre denuncias de un patrón, liderado por Quiñones, de manejo con fines partidistas de suministros, del cual participaban los exsenadores Nelson Cruz y Vázquez Nieves, en aquel entonces, aliados políticos de Vázquez Garced.
La exgobernadora, por medio de Pabón Batlle, habría ordenado a Andújar revertir la suspensión sumaria que impuso a Quiñones mientras se investigaba internamente el alegado uso partidista de los suministros destinados a comunidades afectadas por los terremotos.
