La Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura en conjunto con Derechos Humanos y Asuntos Laborales que presiden la senadora Elizabeth Rosa Vélez y Ana Irma Rivera Lassén, respectivamente, llevaron a cabo una vista pública sobre la RS 83 para investigar el alegado incumplimiento de tarifas con camioneros.
La senadora Rosa Vélez explicó que la investigación se centra sobre el alegado incumplimiento por parte de contratistas y otros, de las leyes y órdenes administrativas que fueron emitidas por el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos, adscrito a la Junta Reglamentadora de Servicio Público; y sobre si el Negociado ha diligenciado los acuerdos establecidos para dar cumplimiento a estas leyes y órdenes administrativas que disponen los márgenes de las tarifas de los servicios de transporte establecidas por ley.
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Durante la audiencia, el presidente de Camioneros Unidos de Puerto Rico, Carlos Schettini, resaltó que a través de los años han sido presentadas cientos de querellas ante el NTSP y no han sido atendidas. “La escasez de recursos para esa agencia tiene que ser un factor determinante. Durante años hemos tenido la problemática que los gastos operacionales son elevados al igual que los costos de hacer negocio en Puerto Rico para los comerciantes y nosotros también somos comerciantes. La parte más significativa es la tarifa y el ingreso del camionero” sostuvo Schettini añadiendo que está en contra de que no se le brinden los recursos al NTSP que da beneficios a los transportistas.
En la misma línea, Victor Rodríguez y Carlos Rodríguez, presidente y coordinador de operaciones, respectivamente, del Frente Amplio de Camioneros mencionó que “la falta de personal en gran medida por los recursos presupuestarios inadecuados del NTSP contribuyen a fomentar las violaciones a la leyes y reglamentos”. Asimismo, hicieron una serie de recomendaciones a la Comisión para que se fiscalice mejor el proceso de multas a comercios que no cumplen con las tarifas.
“Incluye la notificación y solicitud a las Agencias Públicas Gubernamentales, incluyendo las Corporaciones Públicas y Municipales del cumplimiento de la Ley 105-1996 para darle validez a las tarifas aprobadas por el NTSP; solicitar de las Agencias Públicas, Corporaciones Públicas y Municipios un informe y listado de aquellos contratistas que subastaron obras en dichas organizaciones gubernamentales durante los pasados dos años; solicitar los contratos para el acarreo de materiales en cada uno de esos contratos; pedirle a los Municipios un listado de aquellos transportistas que brindaron servicio de acarreo de materiales durante los últimos dos años y brindar más recursos al Negociado para ampliar el trabajo de fiscalización”, explicó Rodríguez sobre las recomendaciones presentadas.
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“Las constantes violaciones del Gobierno Central y Municipal de la Ley 105-1996 que establece que en todo proyecto público a nivel gubernamental el gobierno central y municipal vienen obligados acarrear los agregados para la construcción en camiones concesionarios que posean permiso de la Comisión de Servicio Públicos (Ahora NTSP) y también el Servicios de Transporte de grúas con grúas autorizadas por la Comisión (Ahora NTSP). Dichas violaciones han permitido un esquema de corrupción en la otorgación de las subastas que violentan toda la política pública establecida, privando a miles de concesionarios trabajar y cobrar las tarifas aprobadas por ley”, añadió Rodríguez.
La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana Rivera Lassén, expresó que “estamos hablando de la gente que mueve al país. Me preocupa muchísimo lo que estamos escuchando que durante 15 años no se hiciera ningun movimiento encaminado hacer un ajuste en la tarifa y aunque se ha hecho ahora esta paralizado”.
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En su turno, el ingeniero Jaime Lafuente del NTSP manifestó que están cortos en recursos y fiscalizan cerca de 40 franquicias diferentes. Señaló que la política de la agencia es de puertas abiertas. A la vez, Lafuente aceptó que tienen el problema para fiscalizar las empresas, “porque básicamente tenemos que llevarlos a los tribunales, es un proceso mas largo. Continuaremos en la calle fiscalizando con los poderes que tenemos al momento para que las leyes se cumplan”, enfatizó.
“Para que el país heche hacia adelante tenemos que tener voluntad par hacer las cosas y promover que esto pase, no es decirlo dar la multa y no paso nada y no podemos seguir permitiendo que no haya consecuencia”, manifestó la senadora Rosa al director del NTSP.
A su vez, la Legisladora cuestionó al deponente sobre su rol para hacer cumplir las tarifas y cómo está la operación del NTSP. Lafuente indicó que no tiene personal suficiente y es un reto conseguirlo debido a la paga que se ofrece. Mencionó que operaría de manera satisfactoria con 20 agentes adicionales. Mencionó sobre las tarifas que preparan un plan de trabajo mensual. Si impactan a los comercios, se multan, pero el pago de eso no se recibe. Para resolverlo están en conversaciones con el Departamento de Hacienda para que dicha multa se refleje en su plataforma cuando el comercio multado vaya a buscar algun servicio.
