A semanas de que la jueza Laura Taylor Swain celebre una audiencia donde se analizará el plan de ajuste de deuda que la Junta de Control Fiscal (JCF) propone para el gobierno central, la organización Espacios Abiertos cuestionó la sustentabilidad de la reestructuración que se vislumbra, así como los principios que el organismo esboza para imponer medidas de austeridad año tras año mediante el presupuesto general.
“Se ha prometido responsabilidad fiscal, pero dónde está si no tenemos estados (financieros) auditados de 2018, 2019 ni 2020, ni hacemos evaluación del rendimiento de los gastos fiscales (incentivos contributivos)”, expresó la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet.
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El economista Daniel Santamaría Ots subrayó que el plan de ajuste de deuda que impulsa la JCF mantendría a Puerto Rico como una de las “peores” jurisdicciones de Estados Unidos en términos de la sustentabilidad a largo plazo de sus obligaciones. Bajo el plan que se discutirá el 13 de julio como parte del proceso de Título III de la Ley Promesa, el gobierno central tendría que separar unos $1,150 millones anuales para cumplir con los acreedores, lo que se estima represente cerca del 8% del fondo general.
“Eso nos pone con los 10 peores estados de Estados Unidos, que están en torno al 8%. Es lo que entiende la Junta que nos normaliza. La realidad es que el promedio de pago de deuda entre los 50 estados es de 3%, 4%. Los que mejor están pagan 1% a 2%. Aun con sus medidas, que son cuestionables, celebran estar entre los peores 10 estados en términos de pago de deuda”, cuestionó Santamaría Ots durante una videoconferencia.
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A esa proporción que anualmente habría que destinar para el servicio de la deuda, habría que sumarle los más de $2,000 millones para sufragar el pago de las pensiones del sector público un dinero que, desde la aprobación de la Ley 29-2017, proviene del fondo general, en lugar de la quebrada Administración del Sistema de Retiro.
“Son poco más de $2,300 millones (anuales) que salen del fondo general. Cuando tienes pago de deuda más (pensiones) en el fondo general, tienes una presión en el fondo general igual a la que teníamos previamente a la reestructuración, que pagábamos $3,000 millones de deuda. Es una situación de estrés financiero similar. No hay muchas posibilidades de enmendar eso salvo lo que venimos comentando hace mucho tiempo, que pasa por hacer una reestructuración que sea sostenible, que pasa por un tratamiento de recorte a la deuda superior al que ha propuesto la Junta de Supervisión Fiscal”, sentenció el economista.
Austeridad selectiva
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Para Santamaría Ots, la insistencia de la JCF en recortar anualmente asignaciones directas a los municipios y la Universidad de Puerto Rico (UPR) ignora posibles alternativas de responsabilidad fiscal menos dolorosas para el bienestar socioeconómico del país.
Específicamente, el experto aludió a los más de $21,000 millones en decretos contributivos otorgados, según consta en el informe de gastos fiscales que el gobierno elaboró utilizando datos del año fiscal 2017. La cifra, explicó Santamaría Ots, es equivalente a una tercera parte del Producto Nacional Bruto del país.
De los $21,194 millones en incentivos, exenciones y créditos que se concedieron ese año, Santamaría Ots detalló que unos $15,600 millones son como resultados de las leyes 135-1997 y 73-2008, ambas incorporadas al Código de Incentivos que se aprobó en 2019.
“De lo que desconocemos es el rendimiento económico de cada una de estas compañías y si se justifica o no el coste de oportunidad de dejar de ingresar $16,000 millones. Surgen muchas preguntas, como que si suben los impuestos (a los beneficiarios de decretos) va a haber un comportamiento de la corporación y pueden irse de Puerto Rico. Gente con sentido común puede decir, prefiero capturar un poquito de algo que no capturar nada. (Pero) la realidad es que cuando analizas el resto de las jurisdicciones, estamos hablando de corporaciones que tienen ahora mismo una constitución tributaria de cero o prácticamente cero. Que por subir eso a 0.0015% podría representar ‘X’ millones para Puerto Rico y esas compañías siguen teniendo un interés por permanecer en Puerto Rico porque difícilmente van a encontrar un trato preferencial tan importante”, subrayó el economista de Espacios Abiertos.
Para el año fiscal 2022, la JCF ha insistido en recortes de $94 millones adicionales para la UPR y $44 millones para el fondo de equiparación del que se nutren principalmente municipios pequeños. En el caso de la UPR, quedaría con una asignación de $407 millones y los municipios de $88 millones, cuando antes de la llegada de la JCF recibían, respectivamente, $834 millones y sobre $370 millones.
Estos recortes, puntualizó Santamaría Ots, son dos de los que más oposición pública han recibido tanto de los líderes legislativos como del gobernador Pedro Pierluisi, si bien la Legislatura y el Ejecutivo impulsan presupuestos que difieren en múltiples áreas e incluso en la cuantía total.
“La Junta habla de responsabilidad fiscal cada vez que el gobierno propone preservar alguno de los servicios o la Legislatura se escandaliza por invertir en deseducar a la gente, que es prácticamente lo que se está haciendo al quitar $90 millones adicionales a la UPR. Sin embargo, llevan cinco años en Puerto Rico son observar dos terceras partes del pastel”, dijo en alusión al monto de decretos contributivos, que duplica el alcance del fondo general.
“El régimen contributivo progresivo de la mayoría de las economías hacen que el que más tiene contribuya más que proporcionalmente. Por eso en la escala de impuestos de individuos vemos que el que gana $100,000, paga 40%, el que gana $10,000 paga 10%. Eso lo hemos establecido como algo normal como sociedad”, indicó Santamaría Ots, al puntualizar que Puerto Rico, por décadas, ha apostado a un modelo basado en decretos sobre los que no tiene pleno control político.
“Hoy en día, pocas jurisdicciones exitosas en términos de desarrollo económico compiten y atraen inversión fundamentadas básicamente en una estrategia de incentivos, y menos cuando no dependen de ti”, expresó.
En los pasados cuatro años, la JCF ha aprobado unilateralmente los presupuestos generales. Para el presupuesto del año 2022, el gobernador ha recomendado un gasto de $10,345 millones o $233 millones más de los $10,112 millones que ha establecido la JCF y avala, con modificaciones, la Asamblea Legislativa.
