Derek Chauvin, el expolicía de Minneapolis condenado por el homicidio de George Floyd, será sentenciado en junio.
De acuerdo con documentos judiciales difundidos el viernes, Chauvin será sentenciado el 16 de junio a la 1:30 p.m. por Peter Cahill, el juez del condado de Hennepin que supervisó el juicio, que incluyó casi tres semanas de declaraciones de testigos y expertos médicos y policiales.
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El exagente de 45 años fue declarado culpable el martes de tres cargos de homicidio en segundo y tercer grado que pesaban en su contra por haber mantenido su rodilla sobre el cuello de Floyd luego de haberlo detenido. Según los estatutos de Minnesota, solo será sentenciado por el más grave: homicidio no premeditado en segundo grado.
Si bien ese cargo conlleva una condena máxima de 40 años, los expertos opinan que le darán una pena menor. Para efectos prácticos, el máximo que enfrentaría son 30 años o incluso menos.
Según las directrices de sentencia de Minnesota, la sentencia por homicidio no premeditado en segundo grado para alguien sin antecedentes penales como Chauvin sería de 12 años y medio. Los jueces pueden condenar a alguien a sólo 10 años y ocho meses y aun así estar dentro del rango de las directrices, pero en este caso, los fiscales buscan una sentencia que supere el rango de las pautas. Citaron varios factores agravantes, incluido que Floyd era particularmente vulnerable, que Chauvin era un policía uniformado en posición de autoridad y que el homicidio fue presenciado por varios menores de edad.
Chauvin no testificó en el juicio y no se sabe si hará una declaración el día de la sentencia. Actualmente se encuentra detenido en la única prisión de máxima seguridad de Minnesota, en una celda para él solo por cuestiones de seguridad.
Se espera que ambas partes presenten argumentos por escrito sobre si hubo agravantes y Cahill tomará una decisión antes de la audiencia de sentencia.
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Incluso si hubiera agravantes, los expertos dicen que el juez probablemente no condenará a Chauvin a más de 30 años, porque se correría el riesgo de una revocación por apelación, de acuerdo con fallos previos de la Corte Suprema.
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