El Departamento del Interior de Estados Unidos suspenderá de aquí a junio la licitación de concesiones para la explotación de petróleo y gas en tierras públicas, como parte de una revisión del programa para ver cómo incide en el cambio climático, dijeron funcionarios el miércoles.
La medida no afecta las concesiones actuales y la dependencia ha seguido emitiendo permisos de perforación durante la revisión del programa ordenada por la Casa Blanca, dijo Nada Culver, subdirectora de la Oficina de Administración de Tierras del Departamento del Interior.
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Había licitaciones programadas en al menos dos estados: en Nevada el 8 de junio y Colorado el 27 de junio. The Associated Press obtuvo detalles de las cancelaciones antes de que las hicieran públicas.
Las autoridades ya pospusieron o suspendieron licitaciones en el Golfo de México, el Refugio Nacional de Vida Silvestre en el Ártico en Alaska, y en estados como Wyoming, Montana, Nuevo México y Utah.
Biden ordenó el 27 de enero a funcionarios del Departamento del Interior que revisen si el programa beneficia indebidamente a las empresas a costa de los contribuyentes y su impacto en el cambio climático.
Legisladores republicanos aseguran que las moratorias al petróleo y el gas perjudicarán las economías de los estados occidentales sin hacer mella importante en el cambio climático. No hay fecha para que concluya la revisión, pero un informe provisional que saldrá a mediados de año podría revelar los planes de largo plazo del gobierno de Biden para las concesiones.
La quema de petróleo, gas y carbón extraído de las tierras y aguas propiedad del gobierno constituye una fuente importante de emisiones en Estados Unidos, porque representan 24% de los gases de efecto invernadero del país. El petróleo y el gas extraídos de tierras federales son responsables de la mayor parte de las emisiones causadas por el hombre derivadas de combustibles fósiles después del aumento en las perforaciones durante el gobierno del presidente Donald Trump.
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La moratoria a las concesiones es sólo temporal, aunque las autoridades han declinado señalar cuánto durará. Y se desconoce cuál será el alcance de la autoridad legal del gobierno para detener las perforaciones en unos 9 millones de hectáreas (23 millones de acres) previamente concesionadas.
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