La Contraloría de Puerto Rico emitió el viernes, una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Adjuntas.
El Informe revela que Adjuntas formalizó dos contratos y una enmienda por 318,850 dólares, con una compañía de consultoría, para realizar tareas que son propias de puestos de carrera. Esta situación ocasionó que, del 1 de julio de 2016 al 8 de mayo de 2018, se desembolsaron fondos a un costo mayor para tareas equivalentes a las realizadas por un contador II, un recaudador oficial y auxiliar, y un oficial administrativo de Finanzas.
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Además, las facturas e informes presentados por la compañía de consultoría, no contenían el detalle de los trabajos realizados, contrario a las cláusulas contractuales y a la Ley 237-2004 para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación. Esta situación impidió verificar la corrección y propiedad de los desembolsos.
La auditoría de cinco hallazgos señala que, el Municipio recaudó 11,338,568 dólares sin tener una persona nombrada como recaudador oficial desde el 13 de febrero de 2017. El oficial administrativo que cobraba las patentes, permisos y multas, así como las empleadas que hicieron las recaudaciones en las instalaciones recreativas el Castillo del Niño, tampoco tenían autorización escrita para ejercer dichas funciones.
Los auditores de la Contraloría hallaron que al 30 de junio de 2019 el Municipio mantenía 199 cuentas por 775,992 dólares, de más de 12 años por cobrar en patentes municipales. Además, no se habían realizado los ajustes de contabilidad en los libros e informes fiscales por lasdiferencias explicadas que fluctuaban entre 10 dólares a $1,262 dólares. Estas situaciones le impiden al Municipio mantener una información actualizada y confiable sobre la situación financiera.
Contrario al Reglamento para la Administración Municipal de 2016, en el Informe del Director de Finanzas o Auditor Municipal, se reflejaban 62 fondos especiales con recursos económicos por 3,765,111 dólares que habían permanecido inactivos hasta por 13 años. De estos 1,951,183 dólares, eran de asignaciones legislativas. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-18-21 del 13 de abril de 2018.
El Informe comenta que en Adjuntas se decretó un estado de emergencia fiscal para estabilizar las finanzas y los ingresos municipales el 10 de mayo de 2017. A tales efectos, el salario mensual del alcalde y del personal de confianza, se redujo un 7.5 por ciento, la asignación presupuestaria para las fiestas patronales, se redujo un 50 por ciento, y la jornada de los empleados de carrera y oficiales de la Policía Municipal, se redujo a 25 horas semanales, entre otras medidas.
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Al 30 de junio de 2019, cuatro demandas civiles por 360,000 dólares contra el Municipio, estaban pendientes de resolución en los tribunales. También estaba pendiente de resolución en la Comisión Apelativa del Servicio Público, un caso de un empleado municipal.
El Informe de Auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Este primer informe de Adjuntas, cubre el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019.
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