Diez oficiales fueron procesados en Irán por el derribo de un avión de pasajeros ucraniano en 2020, en el que murieron 176 personas, según dijeron el martes medios iraníes. El anuncio se hizo justo cuando Teherán comienza las negociaciones indirectas con Occidente en torno a su maltrecho acuerdo nuclear con potencias mundiales.
Irán recibió duras críticas internacionales el mes pasado tras la publicación de su informe definitivo sobre el siniestro del vuelo PS752 de Ukraine International Airlines, que culpaba a un error humano pero no identificaba a ningún responsable.
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El fiscal militar saliente de Teherán, Gholamabbas Torki, también evitó identificar a los acusados cuando anunció los cargos en la ceremonia en la que cedía el cargo a Nasser Seraj. La agencia semioficial de noticias ISNA y la agencia de noticias Mizan de la judicatura iraní reportaron las declaraciones sin dar más detalles.
Después de tres días de negaciones oficiales en enero de 2020 ante crecientes pruebas, Irán reconoció finalmente que sus fuerzas habían derribado por error el avión ucraniano con dos misiles tierra-aire. Las 176 personas que iban a bordo murieron. Los reportes preliminares sobre el desastre de las autoridades culpaban a un operador de defensa antiaérea, que habría confundido el Boeing 737-800 con un misil de crucero estadounidense.
El suceso ocurrió el mismo día que Irán lanzó un misil balístico a tropas estadounidenses en Irak, como represalia por un ataque de dron estadounidense que mató a un importante general iraní.
Tras la publicación del reporte definitivo iraní, el ministro ucraniano de Exteriores lo tachó de “cínico intento de ocultar las causas reales del derribo de nuestro avión de pasajeros”. Acusó a Irán de realizar una pesquisa “poco objetiva” sobre el desastre que había llegado a conclusiones “engañosas”.
Muchos de los pasajeros del vuelo tenían previsto hacer escala en Kiev para volar a Canadá, donde hay una gran comunidad iraní. Los ministros canadienses de Exteriores y Transportes también criticaron el reporte y afirmaron que “no contiene hechos contrastados o pruebas” y “no hace ningún intento de responder preguntas cruciales sobre lo que de verdad ocurrió”.
El anuncio de los cargos judiciales se hizo horas antes de que Irán y las cinco potencias mundiales que siguen incluidas en su acuerdo nuclear se reunieran en Viena, donde Estados Unidos tenía previsto iniciar conversaciones indirectas con Teherán.
