El liderato del Frente Amplio de Camioneros (FAC) decretó este miércoles un estado de emergencia ante lo que calificó como “provocación, amenazas e intenciones” de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, de eliminar las “tarifas legales para beneficiar aquellos individuos y organizaciones que en abierta violación a la ley las han violado constantemente”.
El viernes pasado, durante una reunión pública, la directora ejecutiva del ente fiscal, comentó que estarían evaluando todas las herramientas disponibles bajo la Ley Promesa para dejar sin efecto el aumento a las tarifas de transporte de carga terrestre adoptados por el Negociado de Transportación y Otros Servicios Públicos (NTSP) en diciembre.
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El grupo expresó en conferencia de prensa que por “15 años de forma ilegal, desde el 2005, no se revisaron las tarifas de todos los sectores de la transportación, a pesar de que la reglamentación y acuerdos estipulaban que cada cinco años estaba obligada la Comisión de Servicios Públicos (ahora el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos, NTSP) a revisar las tarifas por reglamento”.
“Luego de 15 años y por solicitud de las organizaciones de transportistas, especialmente el Frente Amplio de Camioneros (FAC), el NTSB bajo la presidencia del honorable Luis D. García Fraga y ahora del honorable Jaime LaFuente, se procedió a cumplir con la ley, reglamentos y acuerdos, aprobados mediante un proceso legal y administrativo que desde el pasado 22 de diciembre de 2020 autorizó un reajuste de 36 por ciento tomando en consideración todos los factores económicos y de interés social requeridos por la ley, donde se invitó a la JSF a participar y no lo hizo”, indicó el FAC.
El Coordinador General del FAC, Víctor Rodriguez indicó que “la posición de la señora Jaresko pone en entredicho y aprietos al Gobierno compartido, el cual fue electo por la voluntad democrática del pueblo puertorriqueño.” Rodríguez añadió que “el pueblo de Puerto Rico recuerda la terquedad de Anibal Acevedo Vilá (exgobernador) y las consecuencias de la Asamblea Permanente de los camioneros en el 2005”.
“Es vergonzoso que encima de la voluntad del pueblo puertorriqueño y sus instituciones gubernamentales, una persona que es una extraña y que cobra un lucrativo salario del bolsillo de los contribuyentes, dentro de los cuales están los camioneros, grueros y transportistas, pretenda crear desasosiego en la familia puertorriqueña”, afirmó Rodriguez.
Por su parte, Edwin Marrero, coordinador de Relaciones Públicas del Frente, hizo un llamado al gobernador Pedro Pierluisi y a los cuerpos legislativos para que detengan cualquier intento de la Junta en frenar el alza en las tarifas. “Siendo usted el representante de Puerto Rico en dicha junta, le solicitamos con el mayor respeto a no permitir este atropello sin precedentes en la historia de Puerto Rico. También será deber de los legislativos defender los derechos adquiridos legalmente por 40,000 concesionarios del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos que son los que mueven la economía del país”, dijo.
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Mientras que Carlos Rodriguez, Coordinador de Organización del FAC dijo que “es bueno que sepan miembros de la Junta que la comparación entre el sistema de transportación pública mediante paga de Puerto Rico y casi la totalidad de los estados, no es comparable por razones económicas, sociales y culturales. La legislación Federal mediante la ley de cabotaje afecta a cada puertorriqueño en un 25 por ciento o más que a los ciudadanos de la metrópolis. Los costos operacionales por ser Puerto Rico un archipiélago, son mayores para los transportistas públicos. La eliminación de las tarifas establecería un caos en los servicios a prestarse y por último se eliminaría el justo balance para proteger al consumidor y hacerles justicia a los transportistas”.
Por el momento, los transportistas no decretaron paralizar sus labores, pero no descartaron dicho mecanismo en caso de que se eliminen los aumentos en las tarifas de acarreo.
“A nombre del liderato del FAC damos por comenzado el estado de emergencia y preparación para evitar que le quiten los derechos legalmente obtenidos a los camioneros, grueros, taxistas, servicio de ambulancia y demás sectores del transporte. Ustedes son el corazón de la Patria-Pueblo. Todo lo que se mueve es por ruedas, hoy mas que nunca, solidaridad, unidad y lucha, que la victoria será nuestra como en 1972,1974,1978 y 2005. Que así nos ayude Dios”, concluyó Rodriguez, Coordinador General.
En la pasada reunión de la JCF, Jaresko señaló que el Negociado no consultó con el ente fiscal el aumento en la tarifa de acarreo.
“En primer lugar, el Negociado tomó esa decisión e implementó esa regulación sin haber sido revisada por la Junta, lo cual es requerido bajo Promesa. En segundo lugar, tenemos una carta dirigida a Aafaf en la cual les pedimos que detengan la implementación de dicho aumento que no ha sido aprobado por la Junta. Esto es un paso importante para aumentar la competitividad del mercado económico de Puerto Rico ya que afecta en la compra de productos en la isla”, continuó.
Durante el cónclave de la Junta, el integrante del ente, Antonio Medina, también se opuso al aumento en las tarifas de transporte de carga y opinó que esto podría encarecer los productos en la isla.
El incremento en estas tarifas, según cálculos de la Junta, podría sobrepasar el 35% de estos costos de acarreo.
Organizaciones del sector privado se han opuesto a este aumento ya que podría aumentar el costo en productos al detal y en los alimentos.
