Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben dar prioridad a los grupos de alto riesgo en la vacunación contra el COVID-19 y garantizar una transparencia absoluta en el diseño y aplicación de sus programas de vacunación y en sus acuerdos con las empresas farmacéuticas, afirmó Amnistía Internacional en un informe que ha publicado el jueves.
Las vacunas en las Américas: Diez imperativos de derechos humanos para garantizar la salud a todas las personas examina los planes de vacunación de 17 países de América Latina y el Caribe y contiene 10 recomendaciones básicas dirigidas a gobiernos y empresas.
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“El comienzo de la vacunación contra el COVID-19 ha generado esperanza en una región que ya atravesaba múltiples crisis de derechos humanos, muchas de ellas agravadas por la pandemia. Un año después del inicio de los confinamientos en América Latina y el Caribe, los gobiernos deben aprovechar la oportunidad de la vacunación para reducir las desigualdades, no para aumentarlas”, sostuvo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Ante las elecciones presidenciales y legislativas previstas en varios países de la región en 2021, el informe advierte que las presiones políticas y la corrupción podrían afectar el acceso a las vacunas y el derecho universal a la salud. Asimismo, insta a los gobiernos a realizar amplias consultas a la hora de diseñar sus programas de vacunación y a garantizar que ni los grupos de riesgo —como el personal sanitario y las personas de edad avanzada— ni los grupos discriminados y marginalizados —como la población de pueblos Indígenas, afrodescendiente, migrante y refugiada o las personas privadas de su libertad— se quedan atrás en la recepción de vacunas.
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“Dado que este año celebran elecciones 10 países en una región donde es habitual la corrupción del sector sanitario, existe el peligro real de que los gobiernos utilicen las campañas de vacunación con fines políticos. Quienes ejercen la política no deben utilizar las vacunas para premiar a sus afines, ni para presionar a sectores de la sociedad que critican sus decisiones. La salud es un derecho humano que en ninguna circunstancia debe ser socavado por la política”, manifestó Guevara Rosas.
Amnistía Internacional urgió a los Estados que garanticen el acceso a la información y la transparencia, ya que son fundamentales para un programa de vacunación adecuado. Las empresas farmacéuticas, aunque están suministrando vacunas esenciales, también han socavado la transparencia de las negociaciones con los países de la región, con posibles repercusiones en el acceso universal a las vacunas. Además de realizar más de dos docenas de entrevistas, la organización solicitó a 17 países datos concretos de las negociaciones y contratos de sus gobiernos con empresas farmacéuticas. Aunque siete respondieron a la solicitud, sus respuestas no eran completas.
