La Comisión de Gobierno, presidida por el representante Jesús Manuel Ortiz González, realizó hoy, martes, una vista pública con el fin de enmendar el Artículo 9 de la Ley 416-2004, a los efectos de incluir entre las facultades y deberes del Laboratorio de Investigaciones Ambientales de Puerto Rico llevar a cabo las pruebas de laboratorio requeridas a los acueductos rurales o comunales del país.
“En los últimos años, nuestra población ha sufrido una y otra vez todos los problemas que ocasiona la falta de agua. En ocasiones, la ausencia de esta es consecuencia de racionamientos oficiales ordenados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, debido a sequías o al manejo inadecuado de los abastos de agua. En otras instancias, la falta de agua responde a la pérdida de grandes volúmenes de esta por los salideros sin reparar en las tuberías de la Autoridad”, sostuvo Ortiz González en comunicación escrita.
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A la vista pública compareció el subdirector de Cumplimiento Ambiental de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Juan Carlos Pérez; la asesora legal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Laura Díaz Solá, acompañada del gerente interino del Laboratorio de Investigación Ambiental, César Rodríguez; y Javier Torres Urbina de la División de Agua Potable del Departamento de Salud.
A la vista pública también asistió la presidenta de la Organización de Sistemas de Acueductos Non-Prasa de PR Corp., Miriam Matos, acompañada del director ejecutivo, Ramón Vega, el vicepresidente Manuel Justiniano y el tesorero Robert Ramos. Además, estuvo presente la portavoz de Puerto Rico por el Derecho a una Vivienda Digna (PRODEV) y secretaria de la Organización de Sistemas de Acueductos Non-Prasa de PR Corp., Camen Villanueva.
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados mencionó que provee servicio de agua potable al 97 por ciento de la población y servicio de alcantarillado sanitario al 59 por ciento de la población de Puerto Rico. El 3 por ciento restante de la población, que no cuenta con servicio de agua potable provisto por la Autoridad, se suple de sistemas públicos conocidos como Non-PRASA. “Estos sistemas son administrados por las comunidades donde están ubicados y regulados, tanto por el Departamento de Salud de PR sí son sistemas Non-PRASA superficiales, así como por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) si son sistemas Non-PRASA subterráneos”, sostuvo Pérez quien no objeta a la aprobación de la medida.
“Nosotros hacemos cumplir la Ley de Clean Water Act. Tenemos jurisdicción sobre todos los cuerpos y abastos de agua superficiales o ambientales. Además, velamos porque se cumplan unos estándares específicos de contaminantes. No tenemos jurisdicción en lo que es agua potable”, expresó el sub director de Cumplimiento Ambiental de la AAA.
En su turno de preguntas, Ortiz González le cuestionó al subdirector de Cumplimiento Ambiental de la AAA las razones por las cuales ese 3 por ciento no cuenta con el servicio de acueductos. Pérez abundó que “las razones de no integrar a esas comunidades son de naturaleza técnicas, es decir, limitaciones técnicas”.
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Además, el presidente de la Comisión hizo énfasis sobre el tema del dragado. Pérez aseguró que “se están haciendo las gestiones a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y otras agencias para encaminar el dragado de los envases”.
Por otro lado, Torres Urbina abundó que el “Departamento de Salud es quien fiscaliza todos los sistemas de agua públicos de Puerto Rico, en cumplimiento con la reglamentación de agua potable. “Esto incluye los sistemas operados por la AAA y los no operados por la corporación, conocidos como Non PRASA”, agregó Torres.
El presidente de la Comisión le preguntó a Torres “¿cómo trabajan con los acueductos comunitarios?”
“El Departamento de Salud es un agente de fiscalización y lo que intenta hacer es solamente velar porque los sistemas cumplan tanto con la parte de muestreo que es vital, como con otros requerimientos de reporte, personal cualificado, infraestructura y demás, para tratar el agua según se requiere. Nosotros no hacemos el monitoreo. La responsabilidad siempre es del sistema”, dijo Torres Urbina.
A su vez, el representante del Departamento de Salud mencionó que no endosa el Proyecto de la Cámara 298, ya que se debe establecer con más claridad la diferencia entre los tipos de agua mencionados y otros párrafos en la exposición de motivos de la medida.
Además, el Legislador trajo la preocupación sobre las comunidades, como las del pueblo de Adjuntas, que no tienen agua. “Yo creo que hay un fallo grande en el gobierno. El propósito de este proyecto es buscar una alternativa para las comunidades y aliviar esa carga que tienen esas comunidades”, agregó el presidente de la Comisión.
Por otro lado, PRODEV expresó que “no podemos estar en contra de la exposición de motivos de esta medida legislativa, ya que nuestros ciudadanos sufren todos los problemas que ocasiona la falta de agua; y la ausencia de agua potable, precisamente, es ocasionada por causas de racionamiento oficial de la misma AAA, entre otros puntos”, expresó la portavoz.
Además, mencionó que es importante buscar la mejor práctica para realizar las pruebas de laboratorio que aseguran el nivel de potabilidad del agua a servir por nuestros acueductos rurales o comunitarios.
“El pensar que más de la mitad de las comunidades están utilizando agua sin que se mida, si está contaminada o no, me parece que es inaceptable, y hay que atender ese asunto”, puntualizó Ortiz González.
