La Asociación de Industriales, por medio de una ponencia que sometió esta mañana ante la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes, destacó su preocupación ante la propuesta de crear una Comisión para el Aumento de Salario Mínimo (CASM), que, cada cinco años, estaría encargada de revisar y someter recomendaciones sobre el mínimo salarial en el país.
Entre sus reservas enumeraron que “la experiencia” con la antigua Junta Revisora de Salario Mínimo –eliminada en 1998– “no fue favorable, aceptable o razonable para muchas de las empresas o profesionales consultados”; que la “revisión frecuente” del piso salarial no brinda garantías a patronos de que se tomarán en cuenta las “limitaciones en el crecimiento económico” o la posibilidad de “absorber” un aumento; y que, si los datos sugirieran la necesidad de reducir el salario mínimo, difícilmente se concretaría.
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La Asociación de Industriales, en la ponencia firmada por su presidente, Carlos Rodríguez, criticó además la propuesta composición de la CASM, al sostener que es “irrazonable” que se le concedan cinco puestos al sector académico y uno al “sector productivo del lado empresarial”. De otro lado, manifestaron que el periodo de un año para que el propuesto organismo ofrezca sus recomendaciones es muy corto para elaborar “un análisis responsable y bien sustentado”.
Rodríguez, en su ponencia escrita, sí reconoció como positivo que el Proyecto de la Cámara 338 podría abrir la puerta a establecer salarios mínimos ajustados a la capacidad de diversas industrias y sectores económicos y que, “de ser implementado correcta y adecuadamente, se puede convertir en un mecanismo para incentivar el regreso al trabajo de sectores que han visto en los programas de beneficencia un escenario económico más atractivo”.
El proyecto de ley, presentado por los representantes populares Héctor Ferrer Santiago, Luis Raúl Torres Cruz, Ramón Luis Cruz Burgos, Jesús Manuel Ortiz, José Juan Santiago Nieves y Domingo Torres García, deja en manos del gobierno electo dar paso a las recomendaciones de la CASM.
“Desconocemos qué garantías o certeza tendrán las empresas, sobre todo aquellas del sector de pequeñas y medianas empresas, de que el gobierno de Puerto Rico habrá de aprobar e implementar medidas para mitigar los efectos de dicho aumento”, señaló Rodríguez, quien además advirtió que los aumentos al salario mínimo, por regla general, “tienen repercusiones diversas”.
La Asociación de Industriales, asimismo, argumentó que ciertos estudios económicos evidencian el impacto nocivo de los aumentos sobre la competitividad de determinados sectores, entre ellos el de la manufactura.
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“Al sector privado se le está planteando en la opinión pública y en el terreno legislativo que debe irse preparando para un aumento en el salario mínimo, simultáneo con una eliminación de la flexibilidad de la legislación laboral, derivada de la Reforma Laboral de 2017, un predicamento que coloca en indefensión al sector productivo”, expresó el líder de los industriales, al hacer un llamado a una “reflexión y análisis realista y práctico” de parte del gobierno y la Junta de Control Fiscal.
Por su lado, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera Santiago, manifestó su apoyo a la creación de la CASM, pero puntualizó que estudios realizados durante el pasado cuatrienio presentaron una perspectiva negativa del impacto macroeconómico que representaría un aumento al salario mínimo sin la implementación de medidas paralelas.
“Si la intención de la Asamblea Legislativa es promover un aumento al salario mínimo en Puerto Rico, avalamos que se promuevan esfuerzos de análisis que resulten en la presentación de panoramas objetivos y completos sobre los efectos positivos y negativos que podrá tener dicha acción. Las recomendaciones basadas en dichos hallazgos darán paso a que las propuestas o acciones legislativas para un aumento en el salario mínimo en Puerto Rico no se realicen en el vacío, sino que se lleven a cabo de manera informada con estudios económicos pertinentes y actualizados”, lee la ponencia del DTRH.
Rivera Santiago, en tanto, recomendó que se añada un representante del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio en la CASM, y que se aclare si los miembros del organismo cobrarían salarios o dietas por su participación.