La representante Mariana Nogales Molinelli urgió este jueves al Departamento de Educación (DE) a realizar un inventario de sus planteles escolares, tanto los abiertos como los cerrados, y evaluar su exposición a riesgos, tales como inundaciones, deslizamientos, sismos, tsunamis o cercanía a la zona marítimo terrestre.
“El DE ha estado muy enfocado e insistente en la reapertura física de las escuelas mientras sigue ignorando el hecho de que ya sabemos que muchas estructuras tienen condiciones como la columna corta que pueden convertir a los salones de clases en trampas mortales en caso de un terremoto. Honestamente, no entiendo cómo es que nuestro gobierno se está arriesgando a ser el principal responsable de una tragedia de proporciones inimaginables”, expresó Nogales Molinelli en una declaración escrita.
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“¿Qué hubiese pasado con los niños y niñas de la escuela Agripina Seda en Guánica, si el terremoto del 7 de enero de 2020 hubiese ocurrido dos días después? Como mamá es horrible pensarlo, pero como legisladora tengo que recordarlo y hacer lo posible por prevenirlo,” señaló la legisladora.
A esos efectos, Nogales Molinelli presentó la Resolución Conjunta de la Cámara 76 para ordenarle al DE que lleve a cabo el inventario, inspecciones y evaluaciones necesarias para determinar las amenazas a la seguridad presentes en cada escuela e identificar las acciones requeridas para hacerlas seguras, ya sea a través de rehabilitación, reconstrucción o mitigación.
“También estamos proponiendo que, en casos en que sea necesario el traslado temporero o permanente de la comunidad escolar, el Departamento tenga que establecer y aplicar criterios objetivos y razonables para tal decisión. No podemos tener una repetición de los cierres de escuelas ocurridos durante los pasados cuatrienios en los que no se proveyó explicación ni consideración alguna a las comunidades escolares afectadas y que terminaron impactando más a estudiantes de familias empobrecidas y en sectores de difícil acceso,” advirtió la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana.
La R. C. de la C. 76 le proveería un término de 180 días a la agencia para completar la labor ordenada. Sin embargo, la representante opinó que se trata de una gestión urgente que debe realizarse antes del inicio del nuevo año escolar 2021-2022. “Ya el Departamento de Educación echó a perder un año durante el cual las escuelas estuvieron vacías y se pudo haber realizado esta evaluación sin mayores inconvenientes, pero ahora está empujando que nuestros niños y niñas regresen a esos espacios sin garantizar su seguridad y sin prepararse para nuevos eventos extremos de la naturaleza, que sabemos que seguirán aumentando en la medida en que se multiplican las consecuencias del cambio climático. Como legisladores y legisladoras, tenemos el deber y el privilegio de poder exigir acción del DE. Debemos hacerlo cuanto antes”, recalcó Nogales Molinelli.
