El Juez federal Gustavo Gelpí emitió ayer una Orden en la que resolvió que la orden administrativa emitida por el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, para corregir las deficiencias de servicios y culminar el monitoreo federal, es consistente con el decreto judicial.
Gelpí aplaudió la nueva política de cooperación para salvaguardar los derechos constitucionales de los participantes del programa. “La Corte felicita al Secretario de Salud por tan importante paso dado”, lee el documento.
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Por su parte, Mellado aseguró que Puerto Rico lleva más de 20 años gastando millones de dólares en un litigio federal que pretende corregir las fallas de servicios a la población de discapacidad intelectual. Esto, tras el decreto judicial adoptado entre el Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia de los Estados para corregir las deficiencias de los servicios que se brindan a personas con discapacidad intelectual.
“Por años, el Gobierno ha enfocado sus recursos en litigar este caso mientras ha dejado en segundo plano la implementación de medidas administrativas para dar servicios a esta población vulnerable. Consistente con la política pública de esta Administración, nos hemos dado a la tarea de reducir los esfuerzos litigiosos del caso y enfocar nuestros recursos en cumplir con los señalamientos para mejorar los servicios a esta población. Por ello, emitimos la Orden Administrativa Número 2021-488 el pasado 12 de marzo del 2021”, dijo en comunicación escrita.
Esta orden adopta una política de cumplimiento del decreto judicial para mejorar los servicios para personas con discapacidad mental. Además, establece que habrá un enlace entre el Departamento de Salud y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Tribunal federal para rendir cuentas y asegurar el cumplimiento del decreto judicial.
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