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La legisladoras del partido Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve y Lissie Burgos Muñiz, demandaron al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y a la designada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, para pedir que se anule la implementación del currículo con perspectiva de género que propone la declaración de Estado de Emergencia por la violencia contra las mujeres.
El documento en poder de Metro Puerto Rico sostiene que esta medida infringe en el poder constitucional de la Asamblea Legislativa dado a que ambos cuerpos legislativos aprobaron en el 2017 un proyecto piloto en el que el Departamento de Educación, en colaboración con la Procuraduría de las Mujeres, escogería a unas 10 escuelas para implementar un programa de Escuelas Elementales Coeducativas.
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La Ley 62-2017 pretendía promover la equidad de género para “prevenir el discrimen entre la mujer y el hombre, eliminar estereotipos y luchar contra la violencia de género” en comunidades con altas incidencias de este tipo de crimen.
Al obviar este programa, ambas legisladoras argumentan que la Orden Ejecutiva 2021-013, que propone la perspectiva de género como currículo, excede los poderes constitucionales del gobernador.
“Solicitamos que sin mayor dilación se emita un Interdicto Preliminar y Permanente al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, SE DECLAREN NULAS las Ordenes Ejecutivas 2020-078 y 2021-013 en todo lo relacionado a la implantación de un currículo de perspectiva de género en el sistema público de enseñanza de Puerto Rico”, lee parte de la introducción de la demanda.
De esta manera, ambas también le pide al Tribunal que el ejecutivo cumpla con los requerimientos de la Ley 62-2017, que incluye reportes periódicos sobre el proceso de enseñanza que deberían impartir en las escuelas escogidas.
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