La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Jesús Santa Rodríguez, atendió el jueves, una Resolución Conjunta y dos Proyectos de la Cámara, que buscan determinar los mecanismos necesarios para iniciar una auditoría de la deuda pública de Puerto Rico.
La Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, aseguró que su oficina cuenta con la capacidad administrativa, la experiencia colectiva y con un equipo de más de 325 profesionales en el área de auditoría. “Entre estos, contadores públicos autorizados, auditores, abogados, examinadores de fraude y peritos forense digitales”, mencionó Valdivieso en declaraciones escritas.
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Según la visión de Valdivieso, “la auditoría de la deuda debe ser integral, que incluya aspectos de una auditoría de desempeño, de cumplimiento y financiera. El alcance de la auditoría debe ser determinado de acuerdo con el periodo significativo de la deuda emitida por el Gobierno, sus corporaciones públicas, entidades y municipios”, agregó.
Se trata de la Resolución Conjunta de la Cámara 63, presentada por el Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, y los Proyectos de la Cámara 457 y 506, presentados por el representante José “Cheito” Rivera Madera y los representantes José Bernardo Márquez Reyes, Mariana Nogales Molinelli y Denis Márquez Lebrón, respectivamente.
La Comisión de Hacienda recibió la opinión de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la Autoridad de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), el Departamento de Justicia y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
De acuerdo con la Resolución Conjunta 63, la Oficina del Contralor de Puerto Rico sería el cuerpo encargado de llevar a cabo un proceso completo y exhaustivo dirigido a auditar la deuda pública del Gobierno de Puerto Rico, en el que se examinará y evaluará el proceso de contratación, refinanciamiento o renegociación de esta.
A través de sus ponencias explicativas, la AAFAF, el Departamento de Justicia y OGP, apoyaron la idea de que la Oficina del Contralor lidere los procesos de auditoría, según lo establece la Resolución Conjunta 63. También, las agencias citadas, argumentaron sobre las necesidades presupuestarias y el panorama legal que apoyaría los esfuerzos de auditoría.
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“En términos de la implementación de la Sección 6 de la Resolución Conjunta 63, que establece la asignación de un millón de dólares para cumplir con la encomienda de auditar la deuda pública, consideramos que dicha asignación requiere una petición presupuestaria que se debe canalizar durante el trámite de certificación presupuestaria, según las normas aplicables y codificadas en la Ley PROMESA”, rezó la declaración sometida por AAFAF.
De acuerdo con el director de OGP, Juan Carlos Blanco Urrutia, “esa asignación ya se encuentra presupuestada para el Año Fiscal 2022”.
Por su parte, posterior a los planteamientos de la Contralora, la representante Nogales Molinelli levantó bandera sobre los objetivos de la Resolución Conjunta 63, en comparación con el proyecto de su autoría. “El proyecto que hemos presentado es diferente, porque también, pretende identificar a las personas naturales y jurídicas responsables de estos procesos, y si sus actos pudieron haber configurado la comisión de delito, negligencia en el desempeño de sus funciones y faltas éticas”, citó Nogales del Proyecto de la Cámara 506. “La medida legislativa que hemos presentado es mucho más abarcadora”, añadió.
El Proyecto de la Cámara, presentado por los portavoces del Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), contrario a la Resolución Conjunta 63, propone crear un cuerpo independiente para auditar la deuda que, de ser aprobado, incluiría catedráticos de distintas disciplinas económicas y sociales, representantes del sector público y privado, personas del sector cooperativistas, entre otros grupos de interés.
Por otro lado, la representante María de Lourdes Ramos Rivera utilizó su turno en la Comisión, para señalar que, contrario a la visión de la Contralora de Puerto Rico, cree que la deuda ilegal no se debería de pagar. “Los pensionados, nuestros viejitos, nuestros jóvenes del ayer, no deben asumir las consecuencias de una deuda ilegal”, señaló la representante.
También, Denis Márquez Lebrón, expresó una preocupación sobre las declaraciones de la Contralora sobre el pago de una deuda ilegal. “Las deudas ilegales son consecuencias de contratos ilegales. Los contratos ilegales son nulos y también, las prestaciones del acuerdo. Si esa deuda fue ilegal, no debemos pagarla”, añadió el portavoz del PIP.
El presidente de la Comisión de Hacienda, expresó en un turno final, que habrá más vistas sobre el proceso de auditoría de la deuda. “Yo quisiera, que esta medida, no resulte en un informe de más de 600 páginas que nadie utiliza”, mencionó el representante Santa Rodríguez.
“Creo que la auditoría, también, debe incluir el tema de los aspectos delictivos. Que haya consecuencias con los violadores de la ley. Aclaro, ese no es nuestro enfoque principal”, aseguró.
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