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Supremo decide impugnación del triunfo de Miguel Romero se verá en sus méritos

La demanda presentada por Manuel Natal seguirá su curso en el Tribunal de San Juan

La impugnación de elección presentada por Manuel Natal, candidato del Movimiento Victoria Ciudadana a la alcaldía de San Juan, proseguirá su curso en el Tribunal de Primera Instancia luego de que el Tribunal Supremo declarara no ha lugar el recurso del alcalde Miguel Romero para desestimar la demanda al amparo de alegadas deficiencias en el proceso de emplazamiento.

En una resolución de dos páginas, el Supremo decidió por 6-2 validar el dictamen del Tribunal de Apelaciones, que a su vez había revocado al juez superior Anthony Cuevas, quien desestimó la impugnación, al entender que Natal había incumplido con el proceso de notificación al candidato impugnado dispuesto en el Código Electoral.

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Los jueces asociados Mildred Pabón Charneco y Edgardo Rivera García emitieron votos disidentes.

Natal, en la demanda que presentó el 14 de enero, solicita que se celebre una nueva elección entre los electores de voto adelantado debido a las irregularidades que marcaron los sufragios que se contabilizaron en la unidad 77, que consolida el voto a domicilio, por correo, ausente y confinado.

Específicamente, Natal asegura que hay 6,593 papeletas municipales “ilegales”, ya sea porque representaban un exceso de los electores adelantados que participaron de los comicios (1,530 papeletas), se encontraban en maletines que carecían de actas de incidencias y escrutinio (4,874) o no tenían los dobleces que se forman cuando se introducen en un sobre (189).

Según los resultados certificados que dieron el triunfo a Romero, el novoprogresista superó a Natal por 3,465 votos.

¿Qué resolvió el Supremo?

En la resolución, el Supremo hizo constar que además del recurso de Romero también recibió un pedido de revisión de Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, con el objetivo de que se revirtiera la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

La controversia, en síntesis, giraba alrededor del mecanismo contenido en el Código Electoral para notificar a las partes involucradas en un proceso de impugnación de elección. El artículo 10.15 del estatuto estipula que la demanda debe presentarse dentro de los 10 días de la notificación del resultado oficial de la elección, y que al candidato impugnado debe entregársele copia del recurso en los cinco días subsiguientes.

Aunque los representantes de Natal le entregaron a Romero copia de la demanda el 17 de enero, así como una orden de mostrar causa emitida por el juez Cuevas, el equipo legal del alcalde electo argumentó que no se diligenció un formulario de emplazamiento expedido por la corte en o antes del 19 de enero, cuando se cumplían los cinco días de la radicación de la impugnación.

En su argumento ante el Tribunal Supremo, los abogados de Natal, Manuel Rodríguez Banchs y Tamara Sosa Pascual, plantearon que requerir el diligenciamiento de un formulario de emplazamiento además de la copia de la demanda contravendría el propósito del proceso especial establecido en la ley electoral para que los casos de impugnación se atiendan a la brevedad posible.

“Exigir una segunda notificación, mediante la expedición y diligenciamiento posterior de un formulario de emplazamiento conforme a la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, según se pretendía con estos recursos, es un acto redundante e irrazonable, y contrario al texto específico de la ley especial, el Código Electoral de Puerto Rico de 2020”, sostuvo la jueza presidenta del Supremo, Maite Oronoz, en su voto particular de conformidad.

Los jueces asociados Rafael Martínez Torres, Erick Kolthoff Caraballo, Luis Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez también emitieron votos de conformidad. El magistrado Roberto Feliberti Cintrón no emitió una expresión particular.

En tanto, Rivera García, uno de los dos jueces disidentes, sostuvo que la mayoría del Supremo, con su resolución, se apartó “sin fundamento alguno del estado de derecho vigente y en franca violación a los principios constitucionales que rigen el debido proceso de ley”.

Mira la resolución:

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