Tres exgobernadores del Partido Popular Democrático (PPD), instaron el lunes, al presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris a que encaminen un verdadero proceso de autodeterminación para los puertorriqueños.
Asimismo, advirtieron las serias consecuencias e incertidumbre que crearía un nuevo sistema impositivo que integraría las cargas contributivas de la estadidad en plena recuperación de la isla.
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“Los estadistas han buscado el apoyo de los liberales enmarcando la estadidad como un asunto de derechos civiles. Al negársela a los puertorriqueños, su argumento es que Estados Unidos les está negando la igualdad. Pero teniendo en cuenta los altibajos de la opinión pública, la mayoría mínima del 52 por ciento obtenida por la opción de la estadidad, sólo permite una conclusión indiscutible: que el pueblo de Puerto Rico está dividido sobre este tema”, expresaron los exgobernadores en una carta que suscribieron de forma conjunta.
Calderón, Acevedo Vilá y García Padilla afirmaron en su misiva que: “adoptar la retórica de los derechos civiles de los partidarios de la estadidad, presupone que aquellos que se oponen a la estadidad en un número aproximadamente igual, deben ser tratados como si fueran una casta diferente, sin derechos similares reconocibles. Eso, por supuesto, es insostenible. Los liberales deben ver la cuestión del estatus de Puerto Rico, no como una cuestión de derechos civiles que afecta a un grupo dentro de ese debate, sino como un asunto de autodeterminación en la que todos los interesados tienen derecho a un proceso justo. Eso es lo que ha faltado”.
La carta de los exmandatarios señala además que: “sólo hay que ver la amplia variación en los últimos tres plebiscitos -todos ellos legislados por mayorías (de gobiernos) en favor de la estadidad en ese momento – para ver cómo el proceso puede afectar al resultado. En el plebiscito de dos preguntas celebrado en 2012, la estadidad fue la ganadora certificada con el 61 por ciento de los votos emitidos en la segunda pregunta. Muchos consideraron que el porcentaje real era del 44 por ciento debido al número extraordinariamente alto de votos en blanco emitidos por los votantes a favor del Estado Libre Asociado que protestaron porque su opción estaba excluida de esa segunda pregunta. En el plebiscito de 2017, la estadidad obtuvo el 97 por ciento de los votos, después de que el partido pro-Estado Libre Asociado llamara al boicot por la forma en que la papeleta definía la opción del estado libre asociado. El partido independentista también boicoteó.” El dato se refiere a que, en esa consulta, solo participaron el 24 por ciento de los electores hábiles.
Sobre la consulta del pasado mes de noviembre, los exgobernadores populares sostuvieron en su carta que: “la estadidad ha obtenido el 52 por ciento en un plebiscito de “sí o no” que promete la “admisión inmediata”, sin medidas ni condiciones de transición. Las medidas de transición son esenciales para el debate sobre la estadidad y cualquier votación que las excluya es intrínsecamente defectuosa. En contraste material con todos los territorios que se convirtieron en estados, Puerto Rico nunca ha estado sujeto a las leyes federales de impuestos sobre la renta”, expresaron los dirigentes al hacer referencia del Informe de la Oficina General de Contabilidad del gobierno federal del año 2014.
En ese momento se expresó que la estadidad: “podría afectar en última instancia a los esfuerzos del gobierno por mantener un presupuesto equilibrado… [porque] los tipos del impuesto sobre la renta de los individuos y de las empresas de Puerto Rico son relativamente altos en comparación con los de los estados. Si el gobierno de Puerto Rico quisiera mantener las cargas fiscales anteriores a la estadidad para individuos y corporaciones, tendría que bajar sus tasas impositivas, lo que podría reducir los ingresos fiscales”. (U.S. Gov’t Accountability Off., GAO-14-31)
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Ante ese dato, los mandatorios señalaron que: “si la base tributaria actual de Puerto Rico es demasiado pequeña para dar cabida a una estructura fiscal dual y la estadidad plantea un problema de viabilidad que sólo puede ser abordado a través de un período de transición indefinido, los votantes debieron saber eso antes de votar. La votación del pasado plebiscito, en la medida en que carecía de toda especificidad sobre este asunto, estaba materialmente desinformada”.
Calderón, Acevedo Vila y García Padilla afirmaron que “como reacción al controvertido plebiscito de 2012, la Administración Obama trató de promover un proceso justo asignando fondos para una campaña de educación objetiva y no partidista para los votantes, bajo un plebiscito donde las opciones que se presenten resuelvan el estatus político futuro de Puerto Rico”.
La administración Obama propuso además que el Secretario de Justicia federal aprobara el material educativo y el lenguaje de la papeleta. Sin embargo, los exgobernadores afirmaron que “los plebiscitos de 2017 y 2020 se celebraron sin esa aprobación. Peor aún, ambos se celebraron a pesar de las objeciones razonadas por el Departamento de Justicia federal”.
“Damos la bienvenida a una nueva administración demócrata con una esperanza renovada en un esfuerzo inclusivo que aborde la cuestión del estatus de Puerto Rico. Hay formidables desafíos por delante. Puerto Rico tiende un gobierno dividido, con un gobernador pro-estadidad elegido con el 31 por ciento de los votos, y una mayoría legislativa que promueve el Estado Libre Asociado. Pero confiamos en que el presidente, a través de su liderazgo, reunirá a los representantes de todas las opciones de estatus en la mesa para buscar un consenso sobre un verdadero proceso de autodeterminación”, concluyeron los exgobernadores en su comunicación que ya fue enviada a la Casa Blanca.
