Wayne Stensby, el presidente de LUMA Energy, compañía que en los próximos meses asumirá la operación de la transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico, confirmó que la empresa mantendrá a largo plazo su política de no divulgar detalles las contrataciones de empleados, como el de la excomisionada de la Policía de Puerto Rico Michelle Hernández, reclutada en pasadas semanas como jefa de seguridad del consorcio.
“Sí. No vamos a revelar los salarios. Somos una compañía privada y, como toda compañía privada, consideramos confidencial el salario de nuestros empleados”, subrayó Stensby esta tarde cuando Metro le preguntó si LUMA preservaría esa política de confidencialidad.
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“La supervisión de cómo generamos ingresos de nuestros clientes y cómo se gastan es una función muy importante que recae sobre el Negociado de Energía de Puerto Rico, que revisa nuestros costos”, añadió esta tarde el también principal oficial ejecutivo de LUMA, durante una rueda de prensa virtual.
La contratación de Hernández, quien se desempeñó como jefa de la Policía entre enero de 2017 y enero de 2018, fue revelada por este medio el pasado 3 de febrero. LUMA, sin embargo, se rechazó dar información adicional sobre su contratación, esgrimiendo las mismas políticas que hoy Stensby reiteró.
Las políticas de confidencialidad del consorcio se mantienen a pesar de que, según reportó el Centro de Periodismo Investigativo hace unas semanas, LUMA, desde que comenzó en verano pasado la transición para hacerse cargo de las operaciones de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ha facturado a la corporación pública $7.8 millones mensuales en gastos reembolsables, además de la tarifa fija de $5 millones mensuales.
En noviembre de 2019, tras una demanda presentada por el representante popular Ángel Matos, el Tribunal de San Juan ordenó a la Organización de Mercadeo del Destino (DMO), entidad que igualmente opera con fondos públicos, divulgar sus contrataciones, así como un “inventario comprensivo y detallado” del dinero “comprometido o gastado”.
Contrario a LUMA, sin embargo, el DMO es una entidad sin fines de lucro creada por ley, lo que llevó en aquel entonces a la jueza superior Lauracelis Roque a concluir que la organización que promueve a la isla como un destino turístico es una “entidad gubernamental para fines del derecho constitucional de acceso a información pública”.
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Stensby realizó la mesa redonda a 100 días de la fecha fijada para concluir el periodo de transición y que LUMA finalmente tome control de la red eléctrica, como parte del contrato de alianza público privada que le cedió los sistemas de transmisión y distribución por 15 años.
En pasados días, en un informe al Negociado de Energía, LUMA manifestó su insatisfacción con la forma en que la AEE está llevando a cabo su parte del proceso de transición, que debe concluir el 1 de junio.
“Hace falta un esfuerzo concertado de LUMA y la AEE para poder cumplir con la meta”, dijo Stensby esta tarde, quien no se aventuró a estimar la probabilidad de que pueda cumplirse con el objetivo.
“Francamente, estoy confiado en que haremos todo lo posible por llegar al 1 de junio. Podríamos enfrentar obstáculos, pero nuestra intención es empujar tanto como sea posible para lograrlo”, sentenció.
En la conferencia de prensa, Stensby no pudo ofrecer un estimado de la cantidad de empleados de la AEE que permanecerán con LUMA una vez completada la transición, al recalcar que depende, en gran medida, del deseo de los propios trabajadores.
“Siempre hemos hecho claro que el reclutamiento y contratación de empleados de AEE es una prioridad. Valoramos el conocimiento y compromiso que tienen esos empleados con los clientes en Puerto Rico. Trabajaremos para que la mayoría de esos empleados se queden, aunque en última instancia queda en manos de los propios empleados”, subrayó.
El contrato que LUMA obtuvo como parte del proceso guiado por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas le pagará a la empresa, a base de tarifas fijas y bonos por desempeño, una cuantía que a partir del cuarto año podría ascender a $125 millones anuales. A lo largo del término de 15 años, el valor total del contrato podría superar los $1,900 millones, además de los gastos reembolsables.
